El Gobierno busca frenar en EE.UU. la ejecución del fallo por la expropiación de Aerolíneas
La Casa Rosada analiza nuevas apelaciones y una suspensión de la sentencia que obliga al Estado argentino a afrontar un reclamo por más de US$ 390 millones.
El Gobierno nacional evalúa una serie de estrategias judiciales para intentar frenar la ejecución del fallo de la Justicia de Estados Unidos que confirmó la condena contra la Argentina por la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral.
Tras la decisión de la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia, la Casa Rosada analiza solicitar una nueva revisión del caso, recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos y pedir la suspensión de la ejecución de la sentencia mientras se resuelven esos planteos.
La causa enfrenta al Estado argentino con Titan Consortium 1 LLC, empresa que adquirió los derechos económicos del laudo iniciado por sociedades españolas del Grupo Marsans. El monto reconocido por la Justicia estadounidense asciende a US$390.907.115, calculado al 10 de diciembre de 2024, más los intereses que continúen acumulándose.
La Procuración del Tesoro quedó a cargo de definir la estrategia legal. Entre las alternativas en estudio figura solicitar que los mismos jueces revisen el fallo, pedir que intervenga una integración ampliada de la Cámara de Apelaciones o llevar directamente el expediente al máximo tribunal estadounidense.
En paralelo, el Ejecutivo analiza presentar un pedido para suspender los efectos de la sentencia y evitar que Titan avance con medidas de ejecución sobre activos argentinos en Estados Unidos mientras continúan los recursos judiciales.
EL ORIGEN DEL RECLAMO
El conflicto comenzó en 2009, cuando las empresas Teinver S.A., Transportes de Cercanías S.A. y Autobuses Urbanos del Sur S.A., pertenecientes al Grupo Marsans, iniciaron un arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por la expropiación de sus acciones en Aerolíneas Argentinas y Austral, dispuesta mediante la Ley 26.466 de 2008.
En 2017, el tribunal arbitral del CIADI condenó a la Argentina a pagar alrededor de US$321 millones, además de intereses y costas. Dos años después, un comité ad hoc rechazó el pedido de nulidad presentado por el Estado argentino y dejó firme la decisión.
Posteriormente, Titan impulsó en 2021 el reconocimiento y la ejecución del laudo ante la Justicia estadounidense. En 2024, un tribunal del Distrito de Columbia rechazó el planteo argentino que sostenía que el reclamo había prescripto a los tres años y resolvió que el plazo aplicable era de doce años.
La Argentina apeló esa resolución en 2025, pero la Corte de Apelaciones ratificó ahora el criterio de primera instancia, manteniendo vigente la condena y el monto reclamado.
LA ESTRATEGIA OFICIAL
En el Gobierno sostienen que el objetivo inmediato es ganar tiempo para reducir el impacto financiero y evitar que el fallo facilite embargos u otras medidas sobre bienes del Estado argentino en Estados Unidos.
Desde la Casa Rosada remarcan además que la condena recae sobre el Estado nacional y no sobre Aerolíneas Argentinas como empresa. Según la posición oficial, el litigio deriva de la expropiación realizada en 2008 y forma parte de los juicios internacionales heredados por la actual administración.
El Ejecutivo también sigue de cerca el posible impacto de esta resolución sobre otros litigios internacionales, entre ellos el reclamo de Webuild por el congelamiento de tarifas del puente Rosario-Victoria, al considerar que el fallo podría acelerar acciones de otros acreedores con laudos pendientes contra la Argentina.
Aunque no descartan una eventual negociación con Titan Consortium 1 LLC, en el Gobierno aseguran que, por el momento, la prioridad es continuar la defensa judicial y definir si avanzarán con una nueva revisión en la Cámara de Apelaciones o si recurrirán directamente ante la Corte Suprema de Estados Unidos.
