Capitanich y Soneira fueron procesados por corrupción en la causa de Tierras Fiscales
El exgobernador y la exministra de Ambiente y Desarrollo Territorial Sostenible habrían brindado tierras del Estado de forma irregular a conocido o empresas.
El Juzgado Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña dictó el procesamiento del exgobernador Jorge Capitanich y de la exministra de Ambiente y Desarrollo Territorial Sostenible, Marta Soneira, en el marco de la investigación por presuntas maniobras de fraude contra la administración pública, adjudicación irregular de tierras fiscales, abuso de autoridad y otros delitos vinculados a la gestión provincial.
La resolución a la que tuvo acceso Diario TAG fue adoptada por el juez Fernando Carbajal y quedó plasmada en un documento de 52 páginas. Además de Capitanich y Soneira, la medida alcanza a otros exfuncionarios, empresarios y particulares investigados por presuntas irregularidades en la adjudicación de tierras fiscales y el otorgamiento de beneficios económicos.
De acuerdo con el expediente, la causa se inició a partir de una denuncia presentada por la entonces presidenta del Instituto de Colonización, Ana María Canata, quien sostuvo que existía una estructura destinada a beneficiar a personas y empresas mediante la adjudicación de campos fiscales, reintegros impositivos y otras decisiones administrativas.
Según el requerimiento del fiscal Carlos Amad, Soneira es señalada como una de las principales responsables del supuesto esquema investigado. El Ministerio Público le atribuye haber ejercido simultáneamente cargos incompatibles, intervenir en adjudicaciones irregulares de tierras fiscales, otorgar beneficios económicos a empresas vinculadas a su entorno y participar en modificaciones del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) que habrían favorecido intereses privados. También se le imputa mantener vínculos societarios incompatibles con el ejercicio de la función pública.
"DICTAR AUTO DE PROCESAMIENTO (arts. 306, 310 del CPPN) a la Sra. Marta Elena Soneira, por los delitos de Fraude en Perjuicio de la Administración Pública (art. 174 inc. 5 en función del art. 173, inc. 7 del Código Penal), Abuso de Autoridad e Incumplimiento de Deberes de Funcionario Público (art. 248 del Código Penal) y Negociaciones Incompatibles en el Ejercicio de Funciones Públicas (art.265 del Código Penal), en concurso ideal (art. 54) en calidad de coautora (art. 45 del Código Penal)", dicta el documento.
LA SITUACIÓN DE JORGE CAPITANICH
Respecto del exgobernador Jorge Capitanich, el Ministerio Público sostiene que tuvo un rol central en las maniobras investigadas al firmar los decretos que aprobaron adjudicaciones de tierras fiscales y la actualización del OTBN. La acusación considera que esas decisiones validaron ventas de campos públicos a valores inferiores al mercado y facilitaron modificaciones normativas que habrían beneficiado a particulares.
"DICTAR AUTO PROCESAMIENTO (arts. 306, 310 del CPPN) al Sr. Jorge Milton Capitanich, por los delitos de Fraude en Perjuicio de la Administración Pública (art. 174 inc. 5 en función del art. 173, inc. 7 del Código Penal), Abuso de Autoridad e Incumplimiento de Deberes de Funcionario Público (art. 248 del Código Penal) y Negociaciones Incompatibles en el Ejercicio de Funciones Públicas (art.265 del Código Penal), en concurso ideal (art. 54) en calidad de coautor (art. 45 del Código Penal)".
MÁS INVOLUCRADOS
Mauricio Ariel Cian, pareja de Marta Soneira y socio gerente de las firmas Grupo Pampa Agro SRL y Pampa Semillas SRL, está acusado de haber utilizado esas empresas para canalizar los beneficios investigados en la causa. La imputación en su contra es por el delito de fraude en perjuicio de la administración pública, en calidad de coautor.
Por su parte, Federico Storti, Leandro Nicolás Bessone y Nelson Ariel Pochón, socios comerciales de Cian, fueron señalados como los adjudicatarios de las tierras que se encuentran bajo investigación. Los tres fueron imputados por fraude en perjuicio de la administración pública, también en calidad de coautores.
La causa continúa en etapa de instrucción y la resolución judicial constituye una decisión de procesamiento, es decir, una vinculación formal al proceso penal, sin que implique una condena definitiva.
El magistrado aclara en el propio fallo que esta medida responde al estándar de "elementos de convicción suficientes" previsto para esta instancia procesal y que la investigación podrá incorporar nuevas pruebas antes de una eventual elevación a juicio.
