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Viernes 3 de Julio, 2026
 
 
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Sáenz Peña

Jueza Altamiranda: "Con la nueva ley, los honorarios pueden superar el monto de las demandas"

La magistrada de Faltas de la Provincia cuestionó la norma recientemente sancionada que, si bien corrige el atraso de la legislación anterior, fija honorarios mínimos muy elevados que pueden superar el monto en discusión, afectando "fundamentalmente a los sectores de menores recursos". 

Celia Altamiranda

La jueza de Faltas Provincial, Celia Altamiranda, expresó su preocupación por las consecuencias que podría generar la nueva Ley de Honorarios Profesionales en el acceso a la Justicia, especialmente para los sectores de menores recursos. Lo hizo durante una jornada de intercambio entre magistrados en la que se analizaron los primeros criterios de aplicación de la normativa recientemente sancionada.

Altamiranda explicó que el encuentro tuvo como objetivo compartir experiencias entre jueces de distintos fueros. En ese marco, la jueza letrada de Paz de Resistencia, Silvia Salazar, expuso sobre la aplicación de la ley en el ámbito civil, mientras que ella abordó su impacto en los juzgados de Faltas.

"Fue un intercambio para analizar cómo estamos aplicando una ley tan nueva y formular recomendaciones que puedan orientar a otros juzgados", señaló.

En diálogo con Diario TAG, la magistrada reconoció que la legislación anterior había quedado desactualizada, pero consideró que la nueva norma avanzó hacia el extremo opuesto. "La ley anterior estaba muy desfasada, pero esta se fue muy para arriba y, además, estableció honorarios mínimos que antes no existían", afirmó.

Según explicó, esa situación genera importantes inconvenientes en causas de escasa cuantía o en expedientes que habitualmente tramitan los juzgados de Paz y Faltas. "Estamos acostumbrados a trabajar con el sector más vulnerable. Creo que la sociedad recién va a empezar a darse cuenta de lo que va a significar esta ley", advirtió.

Como ejemplo, indicó que en determinados procesos el honorario mínimo regulado puede resultar muy superior al monto que se reclama judicialmente.

En la misma línea, también remarcó que el problema no solo afecta a los justiciables, sino también a los propios profesionales del Derecho.

Explicó que, aun cuando un abogado decidiera asistir gratuitamente a un cliente, igualmente deberá afrontar obligaciones tributarias y previsionales calculadas sobre los honorarios regulados judicialmente. "El abogado puede no querer cobrarle a un amigo o a una persona vulnerable, pero igual tendrá cargas impositivas y previsionales sobre esos honorarios. Eso termina generándole una deuda, aunque haya trabajado de manera gratuita", sostuvo.

CRÍTICAS A LA ELABORACIÓN DE LA NORMA

Por otro lado, la jueza cuestionó además que durante el tratamiento de la ley no se haya convocado a la Asociación de Magistrados ni a otros actores del Poder Judicial para aportar observaciones técnicas. "No se trataba de opinar cuánto debía ganar un abogado, sino de advertir cómo iba a impactar la aplicación práctica de la ley en los juzgados", expresó.

Asimismo, señaló que existen procesos judiciales que no fueron adecuadamente contemplados por la normativa y mencionó que la utilización de la Unidad de Medida Arancelaria (UMA), cuyo valor se actualiza periódicamente, elevó considerablemente los honorarios mínimos.

Otro de los puntos que destacó fue la obligación que tienen los jueces de respetar los honorarios mínimos establecidos por la ley. "Si nosotros no respetamos esos mínimos, podemos ser pasibles de un jury", explicó.

En ese contexto, alertó sobre el efecto que puede tener la norma para los ciudadanos que acuden a la Justicia. "Una persona puede decidir presentarse sin abogado, pero si la otra parte comparece con patrocinio letrado y luego resulta condenada en costas, puede terminar pagando honorarios que superan ampliamente el monto que estaba en discusión", concluyó.

Altamiranda consideró que el debate sobre la nueva Ley de Honorarios recién comienza y estimó que sus efectos prácticos comenzarán a evidenciarse a medida que los distintos juzgados deban aplicarla en casos concretos.

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