Respaldan el ingreso de mujeres al Politécnico Juan XXIII y apuntan contra la exclusión por género
La Defensoría General de la Nación pidió a la Corte Suprema rechazar el planteo del histórico colegio técnico de Sáenz Peña y ratificar que impedir la inscripción de alumnas constituye un acto discriminatorio.

La discusión por el ingreso de mujeres al Instituto Politécnico Juan XXIII sumó un nuevo capítulo y podría marcar un precedente a nivel nacional. La Defensoría General de la Nación se pronunció a favor de sostener los fallos judiciales que obligaron a la institución a admitir alumnas, al considerar que la exclusión por razones de género representa una práctica discriminatoria.
El dictamen, presentado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y firmado por el defensor general Julián Horacio Langevin , recomienda rechazar el recurso extraordinario impulsado por el establecimiento educativo y confirmar las resoluciones adoptadas previamente por la Justicia chaqueña.
La causa comenzó en octubre de 2024, cuando un grupo de madres inició una acción de amparo tras la negativa del colegio a inscribir a sus hijas, manteniendo una política vigente desde 1967 que permitía el acceso únicamente a estudiantes varones.

En febrero de 2025, la Cámara Primera en lo Criminal de Sáenz Peña falló a favor de las familias y calificó como discriminatoria la restricción. Más tarde, la resolución fue ratificada por el Superior Tribunal de Justicia del Chaco .
Entre sus argumentos, la Defensoría sostuvo que la institución no pudo demostrar que la separación por género tuviera un fundamento pedagógico válido y cuestionó que gran parte de la postura del colegio estuviera basada en estereotipos históricos sobre diferencias entre hombres y mujeres.
Otro punto central del dictamen señala que el establecimiento recibe financiamiento estatal completo para el funcionamiento de su planta educativa, lo que habilita mayores controles sobre sus criterios de admisión.
Además, remarca que se trata de la única institución técnica de modalidad exclusivamente masculina en Sáenz Peña, sin una oferta equivalente para alumnas mujeres, profundizando así el carácter desigual de la medida.
Actualmente, dos de las niñas que impulsaron la acción judicial ya cursan sus estudios en el colegio gracias a medidas cautelares dispuestas durante el proceso.
Si la Corte Suprema acompaña esta recomendación, el caso podría convertirse en un precedente histórico para el sistema educativo argentino, consolidando el principio de igualdad de oportunidades en el acceso a la educación técnica en todo el país.
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