Procesan a 14 ex funcionarios por delitos de lesa humanidad en Chaco
La jueza federal dictó el procesamiento de ex militares, policías, un ex fiscal y un ex jefe penitenciario por asociación ilícita durante la última dictadura.
La jueza federal Zunilda Niremperger resolvió procesar a 14 ex funcionarios públicos y ex integrantes de fuerzas de seguridad acusados de integrar una asociación ilícita destinada a cometer crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar en la provincia del Chaco.
La resolución judicial alcanza al ex fiscal federal Roberto Mazzoni, al ex jefe de guardia de la Unidad Penitenciaria Federal U7 Pablo Casco, a ocho ex oficiales del Ejército Argentino y a cuatro ex integrantes de la Policía del Chaco .
Entre los militares procesados figuran Luis Alberto Patetta, Ernesto Jorge Simoni, Aldo Martínez Segón, Germán Emilio Riquelme, Tadeo Bettolli, Horacio Losito, Ricardo Guillermo Reyes y Jorge Carnero Sabol. También fueron alcanzados por la medida los ex policías José Francisco Rodríguez Valiente, Gabino Manader, Jorge Ángel Ibarra y José Marín, todos vinculados a la Dirección de Investigaciones provincial.
La causa atravesó distintos procesos judiciales durante los últimos años, con resoluciones previas de falta de mérito, apelaciones y revisiones que llegaron hasta la Cámara Federal de Resistencia y la Cámara de Casación Penal.
Sin embargo, entre 2024 y 2025, la Fiscalía amplió el requerimiento de investigación y reforzó la hipótesis de que existió una estructura criminal estatal organizada, jerarquizada y sostenida en el tiempo, destinada a ejecutar delitos de lesa humanidad en territorio chaqueño.
LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO
En una resolución de 166 páginas, la magistrada realizó un extenso análisis del contexto histórico vinculado al terrorismo de Estado instaurado tras el golpe militar del 24 de marzo de 1976, señalando que el aparato estatal desplegó en todo el país un sistema represivo dirigido a perseguir opositores políticos, sindicales, estudiantiles y sociales.
El fallo sostiene que en Chaco funcionó un esquema represivo bajo conducción militar, con participación coordinada de fuerzas policiales, organismos penitenciarios y estructuras de inteligencia, dentro del denominado Área Militar 233.
En ese sentido, la jueza consideró que existen elementos suficientes para sostener, en esta etapa procesal, que los imputados habrían integrado un aparato organizado de poder con distribución funcional de tareas, destinado a ejecutar detenciones ilegales, torturas, traslados clandestinos y otras prácticas vinculadas al terrorismo de Estado.
Finalmente, la resolución concluye que corresponde avanzar con el procesamiento de los acusados en carácter de coautores del delito de asociación ilícita, al considerar que cada uno habría realizado aportes funcionales dentro de una estructura criminal orientada a la comisión sistemática de hechos ilícitos durante la dictadura.
