Caso Hogar Regreso al Padre: trasladaron al Complejo Penitenciario a los dos detenidos
Se trata de Rogelio Gatti y Alfredo Fernández, quienes permanecen con prisión preventiva. La defensa cuestionó la medida mientras espera una resolución de la Cámara Criminal.
Los dos coordinadores del Hogar Regreso al Padre que continúan detenidos en el marco de la investigación por presuntos abusos y malos tratos fueron trasladados este viernes al Complejo Penitenciario II de Presidencia Roque Sáenz Peña.
Se trata de Rogelio Gatti y Alfredo Fernández, quienes hasta el momento permanecían alojados en dependencias policiales. La medida fue dispuesta por el fiscal Gustavo Valero, a cargo de la causa, y comunicada durante el mediodía a los imputados antes de concretarse el traslado.
La decisión generó el rechazo del abogado defensor de ambos, quien manifestó su oposición a la medida mientras aguarda la audiencia de apelación ante la Cámara Criminal, donde se analizará el planteo presentado contra la prisión preventiva dictada en la causa.
En paralelo, este viernes también se conocieron declaraciones de Juan Di Costanzo, otro de los coordinadores del hogar que recuperó la libertad tras permanecer detenido durante la investigación. En diálogo con distintos medios, sostuvo que las denuncias surgieron por desacuerdos de algunos residentes con las normas internas de la institución.
Según explicó, el hogar mantiene restricciones vinculadas al uso de teléfonos celulares, televisión y otras comodidades que, afirmó, forman parte de las pautas establecidas dentro del tratamiento de recuperación de personas con consumos problemáticos.
La causa
El caso comenzó a tomar estado público a fines de mayo de este año, cuando la Justicia ordenó una serie de allanamientos en el Hogar Regreso al Padre, ubicado en Sáenz Peña, a partir de denuncias por presuntos abusos sexuales, violencia física y malos tratos dentro de la institución.
Como resultado de las medidas judiciales, varios responsables fueron detenidos y se secuestró documentación vinculada al funcionamiento del establecimiento.
Además de las acusaciones penales, la investigación puso bajo análisis la situación administrativa del hogar, ya que las autoridades constataron que no contaba con la habilitación correspondiente para funcionar como centro de rehabilitación para personas con adicciones.
Desde la institución sostuvieron que se encontraban realizando los trámites necesarios para formalizar la fundación y obtener las autorizaciones requeridas para desarrollar sus actividades de manera regular.
La causa continúa en etapa investigativa y no se descartan nuevas medidas judiciales mientras avanzan las declaraciones de denunciantes, testigos y responsables del establecimiento.
