Pese al acuerdo con bonistas, Argentina enfrenta juicios externos por US$10.000 millones
Aunque el Gobierno cerró el conflicto con acreedores del default de 2001, todavía persisten demandas millonarias en tribunales internacionales vinculadas al Cupón PBI, Aerolíneas Argentinas y otros litigios.
Luego de la aprobación en el Congreso del acuerdo para cerrar los juicios con bonistas que quedaron fuera de los canjes tras el default de 2001, el Gobierno argentino logró despejar uno de los principales frentes judiciales externos. Sin embargo, todavía enfrenta litigios internacionales que, según estimaciones privadas, podrían representar una contingencia de hasta 10.000 millones de dólares.
De acuerdo con información difundida en las últimas horas, el Ejecutivo consiguió reducir en 50 millones de dólares el monto reclamado por 11 fondos de inversión representados por Attestor Master junto a Bainbridge, cerrando así un conflicto que llevaba años abierto con acreedores externos.
Pese a ese avance, Sebastián Maril, analista de Latam Advisors, señaló que aún quedan alrededor de 2.000 millones de dólares impagos correspondientes al default, principalmente en manos de inversores particulares que no cuentan con capacidad de presión suficiente para litigar en bloque contra el Estado argentino.
Uno de los casos más delicados sigue siendo el conocido como Cupón PBI, vinculado a títulos emitidos en pesos, dólares y euros que pagaban intereses de acuerdo al crecimiento económico del país.
El conflicto se originó durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cuando el INDEC modificó la metodología de cálculo del desempeño económico y dejó sin efecto el pago de esos cupones, lo que derivó en reclamos judiciales en tribunales de Londres y Estados Unidos.
Por la emisión en euros, la Justicia británica ya condenó a la Argentina y no existen más instancias legales disponibles. El Estado deberá negociar un desembolso cercano a los 1.800 millones de dólares, luego de que parte de la garantía depositada fuera ejecutada.
En paralelo, en Estados Unidos continúan activas demandas por otros 3.500 millones de dólares relacionadas con la versión en dólares del mismo instrumento financiero. Analistas advierten que ese litigio podría ampliarse y elevar el riesgo potencial hasta unos 9.000 millones de dólares si prosperan los reclamos de los acreedores.
Otro expediente sensible es el derivado de la expropiación de Aerolíneas Argentinas. En este caso, el fondo Titan Consortium obtuvo un fallo favorable en el CIADI que condena al país a pagar 390 millones de dólares.
Como ese organismo internacional no tiene capacidad directa para ejecutar la sentencia, los demandantes solicitaron el reconocimiento del fallo en Washington, mientras Argentina presentó una objeción que todavía espera resolución.
Además, el propio CIADI concentra otros litigios pendientes. Entre ellos aparece Burford Capital, el fondo que financió la demanda por la expropiación de YPF y que ya anticipó que recurrirá a ese tribunal para intentar revertir el revés judicial sufrido en segunda instancia.
Paralelamente, Burford también apelará ante la Corte Suprema de Estados Unidos, aunque el propio fondo reconoció que las posibilidades de revertir la sentencia son reducidas.
Si bien el reciente acuerdo con bonistas alivió parte del panorama financiero y judicial del país, Argentina todavía mantiene abiertos varios procesos internacionales que podrían tener un fuerte impacto económico en los próximos años.
