Cuestionaron cambios en la selección de jueces y advirtió un retroceso institucional

La Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia (JUFEJUS) expresó su rechazo al Decreto N.º 467/2026 del Poder Ejecutivo Nacional, que modifica los mecanismos de selección de magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tribunales inferiores y ministerios públicos. A través de una declaración difundida este 19 de junio, el organismo ratificó los planteos realizados previamente en marzo de 2024.

La entidad sostuvo que, en línea con los principios constitucionales, la designación de integrantes de la Justicia debe contemplar no solo la idoneidad de los postulantes, sino también la equidad de género, la especialización profesional y la representación federal del país.

En ese sentido, JUFEJUS reafirmó que la integración de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores debe respetar de manera conjunta los principios de idoneidad, paridad de género, representación federal y especialidad jurídica. Según advirtió, estos criterios surgen de la Constitución Nacional, de los compromisos internacionales asumidos por Argentina y de la propia organización federal del Estado.

La declaración también señala que cualquier modificación de los mecanismos de selección que debilite o elimine esos principios constituye "un retroceso institucional incompatible con una Justicia plural, inclusiva y representativa de la diversidad territorial y social del país".

Además, la Junta manifestó su preocupación por la derogación de los artículos 3° y 6° del Decreto 222/2003, al considerar que la medida restringe los mecanismos de participación ciudadana y afecta instancias de transparencia, publicidad y control democrático en los procesos de selección de magistrados.

Finalmente, JUFEJUS afirmó que la nueva normativa resulta incompatible con el principio constitucional de progresividad de los derechos, ya que, a su entender, vulnera garantías democráticas esenciales y debilita la transparencia en la designación de jueces y juezas. La declaración lleva las firmas de su presidenta, Emilia María Valle; el vicepresidente, Sergio Vittar; y la secretaria, Adriana García Nieto.

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