Alcalá y Bosch se inhibieron y ahora la justicia deberá designar jueces subrogantes

La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia resolvió aceptar las inhibiciones de la presidenta del cuerpo, Rocío Alcalá, y del juez subrogante Enrique Jorge Bosch en una causa vinculada a un supuesto fraude en la distribución de tierras fiscales que investiga a la exministra de Ambiente y Desarrollo Territorial, Marta Soneira, Ramón "Tito" López y los empresarios Diego y Walter Brua.

Alcalá solicitó apartarse del expediente al mencionar "un vínculo de afinidad y cercanía de larga data con uno de los imputados y su entorno familiar". Según expresó, esa situación le generaba un estado de "violencia moral" incompatible con el ejercicio imparcial de la función jurisdiccional.

Por su parte, Bosch argumentó que ya había intervenido en una causa anterior estrechamente relacionada con el expediente actual. El magistrado recordó que dictó una sentencia condenatoria en un proceso del que derivan las actuaciones ahora analizadas y que comparte hechos con la investigación en curso.

Al evaluar ambos planteos, la Cámara sostuvo que la garantía de imparcialidad constituye un elemento esencial del debido proceso y que, en determinadas circunstancias, corresponde admitir el apartamiento de los jueces para preservar la confianza de las partes en la administración de justicia.

La medida que fue firmada por la jueza de Cámara, Patricia Beatriz García, resolvió: "Aceptar la inhibición de la Jueza Rocío Alcalá y del juez Enrique Jorge Bosch". Además, que la designación de los magistrados se llevará a cabo a través de un sorteo que será realizado este jueves 18 a las 08.

 EL CASO

La investigación apunta a un presunto esquema de adjudicación irregular y venta ilegal de unas 3.000 hectáreas de tierras fiscales, además del uso de fundaciones vinculadas a la familia López para facturar millones de pesos a organismos provinciales sin contar con empleados, bienes ni servicios comprobables. Entre las entidades bajo sospecha figuran "Dueños de la Raza", "Buen Vivir y Trabajo" y "Construyendo País".

La Justicia también analiza supuestas maniobras con tierras fiscales que habían sido otorgadas con fines productivos y bajo la prohibición de venta durante diez años. Según la pesquisa, esos campos habrían sido transferidos de manera irregular mediante contratos de leasing y fideicomisos a los empresarios Walter y Diego Brua, a valores inferiores a los de mercado, lo que habría generado beneficios económicos ilícitos.