Buscan endurecer las restricciones para policías denunciados por violencia: de qué se trata
Un proyecto de ley propone ampliar los controles sobre efectivos acusados de hechos violentos e incorporar evaluaciones psicológicas obligatorias.
Un proyecto de ley presentado en la Legislatura provincial propone modificar la normativa que regula la portación de armas reglamentarias por parte de efectivos policiales denunciados por hechos de violencia en el ámbito privado.
La iniciativa, impulsada por el diputado Adrián Zukiewicz, plantea cambios en la Ley N° 2141-J con el objetivo de ampliar los mecanismos de control sobre el personal involucrado en denuncias por violencia de género, violencia familiar, amenazas, lesiones dolosas, coacción, abuso de armas, privación ilegítima de la libertad y otros hechos que impliquen violencia física, psicológica o verbal.
Entre las principales modificaciones, el proyecto establece que la prohibición de portar, tener o transportar el arma reglamentaria fuera del horario de servicio deberá ser determinada mediante una resolución fundada del jefe de Policía, con intervención previa del Departamento de Medicina Laboral y de la Asesoría Letrada de la fuerza, siempre que la denuncia sea considerada verosímil.
Qué cambios propone la iniciativa
- Evaluaciones psicodiagnósticas obligatorias para el efectivo denunciado.
- Posibilidad de realizar estudios toxicológicos cuando corresponda.
- Retención preventiva del arma reglamentaria mientras se desarrollan las evaluaciones.
- Restricción para portar armas fuera de servicio aun cuando el agente sea considerado apto para continuar trabajando.
- Eliminación de plazos automáticos para levantar la medida restrictiva.
- Registro de reincidencias en el legajo personal del efectivo.
El proyecto también prevé que, en caso de que el policía sea declarado no apto por los estudios realizados, deberá acceder a licencia por razones de salud y acreditar los tratamientos correspondientes antes de recuperar sus funciones habituales.
Fin de los plazos fijos
Uno de los cambios más relevantes es que la restitución de la portación del arma no dependerá de un plazo determinado, sino de dos condiciones simultáneas:
- Obtener el alta médica correspondiente.
- Que la situación judicial haya sido resuelta mediante archivo de la causa, sobreseimiento, absolución u otra decisión que extinga la acción penal.
Además, la propuesta incorpora una figura específica para los casos de reincidencia. Si un efectivo vuelve a ser denunciado mientras se encuentra alcanzado por una restricción previa, el procedimiento se reiniciará y el antecedente quedará asentado en su legajo para futuras evaluaciones y ascensos.
En los fundamentos, los autores sostienen que la legislación vigente presenta vacíos interpretativos y dificultades operativas, especialmente por la obligación que tienen los policías de intervenir ante delitos incluso cuando se encuentran fuera de servicio.
Según argumentan, la reforma busca reforzar la protección de las víctimas de violencia sin dejar de incorporar criterios técnicos, evaluaciones profesionales y garantías para los efectivos denunciados.
Ahora el proyecto deberá ser analizado en las comisiones legislativas antes de llegar al recinto para su eventual tratamiento.
