Cuestionan una investigación por presunto abuso infantil: "No se escuchó a la víctima"
El abogado del padre de una niña con diagnóstico de Trastorno Generalizado del Desarrollo (TGD) criticó la realización de una Cámara Gesell que consideró inválida.
El abogado de Capital Federal Roberto Castillo, pareja de la mediática Cinthia Fernández, en compañía de su colega de Resistencia, Julián Serrano, fueron recientemente incorporados a la representación legal de una familia que denuncia un presunto caso de abuso sexual infantil en Presidencia Roque Sáenz Peña. Cuestionaron duramente el accionar del Ministerio Público Fiscal y sostuvieron que "la investigación no avanzó de manera adecuada para garantizar que la menor pudiera ser escuchada".
Durante una entrevista brindada a Diario TAG, Castillo calificó la causa como "lamentable" y afirmó que el sistema judicial "no adaptó sus herramientas a las necesidades particulares de la niña", quien tenía cinco años al momento de la Cámara Gesell y presenta un diagnóstico de Trastorno Generalizado del Desarrollo (TGD).
Castillo explicó que se había impugnado aquella medida y solicitó su nulidad al considerar que se desarrolló en condiciones inapropiadas para una menor con esa condición.
"La Cámara Gesell debe ser un espacio protegido para que la víctima pueda expresarse sin interferencias. Nosotros entendemos que se construyó un ambiente hostil que impidió que la niña pudiera relatar lo que había contado en otros ámbitos", sostuvo.
Según indicó, la menor habría relatado situaciones de abuso a familiares, terapeutas y profesionales de la salud, pero no logró expresarse durante la entrevista judicial.
CUESTIONAMIENTOS A LA INVESTIGACIÓN
El abogado también cuestionó la falta de avances posteriores a esa instancia y aseguró que desde 2023 no se realizaron medidas eficaces para esclarecer los hechos denunciados. "Cuando una niña está judicializada, el Estado tiene la obligación de investigar y determinar qué ocurrió. Si existe una hipótesis de abuso sexual, debe agotarse la búsqueda de la verdad escuchando a la víctima y produciendo todas las pruebas necesarias", señaló.
En ese sentido, advirtió sobre las consecuencias de un eventual sobreseimiento de los imputados. "Un sobreseimiento implica cosa juzgada. Si la investigación se cierra sin haber escuchado adecuadamente a la niña, existe el riesgo de que nunca más pueda revisarse el caso", afirmó.
DEBATE SOBRE LAS PRUEBAS MÉDICAS
Durante la entrevista también se refirió a los informes médicos incorporados al expediente. Según sostuvo, existen pericias con conclusiones diferentes y consideró que la Fiscalía habría otorgado mayor relevancia a determinadas pruebas por sobre otras.
Castillo mencionó particularmente el trabajo de un perito con extensa trayectoria profesional, cuyas conclusiones, según indicó, difieren de otros informes obrantes en la causa. No obstante, remarcó que en los delitos contra la integridad sexual la prueba central continúa siendo el testimonio de la presunta víctima.
"La declaración de la víctima es la prueba madre en una causa de abuso sexual infantil. Por eso es fundamental garantizar las condiciones para que pueda expresarse", remarcó.
CRÍTICAS A LA POSTURA FISCAL
El abogado también rechazó el argumento de evitar una eventual revictimización de la menor como fundamento para no avanzar con nuevas medidas de prueba. A su entender, el Estado debe encontrar mecanismos adecuados para proteger a la víctima sin resignar la investigación de los hechos denunciados.
"Si existen sospechas sobre el entorno familiar o sobre posibles influencias, eso también debe investigarse. Lo que no puede ocurrir es que se cierre una causa sin una investigación seria y profunda", manifestó.
Finalmente, Castillo confirmó que impulsará nuevas presentaciones judiciales vinculadas al desempeño de funcionarios que intervinieron en el expediente y reiteró que "el objetivo principal es que la menor pueda ser escuchada en condiciones adecuadas".
"La prioridad debe ser siempre el interés superior del niño y el derecho de la víctima a ser oída. Eso es lo que estamos reclamando", concluyó.
COMPLEJA CAUSA JUDICIAL
La causa involucra a una niña de 9 años y se originó a partir de una denuncia por presunto abuso sexual infantil, que derivó además en una disputa por su custodia y en un prolongado conflicto por la revinculación con su madre.
La denuncia fue impulsada por integrantes de la familia paterna y alcanzó a la madre de la menor y a un profesor de educación física. Sin embargo, con el avance de la investigación, distintos informes médicos y pericias oficiales concluyeron que no existían elementos que acreditaran el abuso denunciado, situación que derivó en pedidos de sobreseimiento por parte de las defensas.
En paralelo, la Justicia ordenó en varias oportunidades la revinculación de la niña con su madre mediante encuentros supervisados. La mujer denunció reiteradamente incumplimientos de esas medidas y obstáculos para mantener contacto con su hija, mientras que la familia paterna continuó cuestionando las decisiones judiciales.
