La Fiscalía dictó la prisión preventiva a la "falsa medica"
Los abogados defensores de Lidia Ojeda adelantaron que apelaran la medida. Además, solicitaron que pueda continuar el proceso en libertad.
La Fiscalía Penal N.º 4, a cargo de Gustavo Valero, quien subroga al fiscal Marcelo Soto en la investigación de la causa, dictó en las últimas horas de este miércoles la prisión preventiva para Lidia Ojeda, conocida como la "falsa médica".
Ante esta situación, los abogados defensores, Cesar López y Felipe Fontanetto, adelantaron que apelarán la medida y además solicitarán que su defendida pueda continuar el proceso en libertad, en el marco de la causa por presunta falsificación de títulos.
"Solicitamos que se le permita transitar el proceso en libertad. Hemos ofrecido un fiador y acreditamos que tiene arraigo cinco hijos, tres nietos y un nieto de cuatro meses del que estaba a cargo", expresó Fontanetto.
Los abogados explicaron que "no existen riesgos de fuga ni de entorpecimiento de la investigación". De manera subsidiaria, adelantaron que pedirán que, en caso de no concederse la libertad, se le otorgue arresto domiciliario.
Sobre la causa en sí, señalaron que está vinculada específicamente a la denuncia presentada por el director de Zona Sanitaria, Orlando Di Núbila, por presunta falsificación de títulos y ejercicio ilegal de la medicina. También aclararon que existen otras investigaciones paralelas relacionadas con la muerte de pacientes y lesiones graves, entre ellas el caso de un joven que sufrió la amputación de una pierna.
"Son causas distintas. En algunas todavía no fue imputada formalmente, aunque ya fue convocada para designar defensa", detalló la defensa.
PEDIDO DE INCOMPETENCIA
Por otra parte, la defensa planteó un pedido de incompetencia por conexidad para que todas las causas sean tramitadas por la Fiscalía del doctor Gustavo Valero, argumentando que allí se investiga el hecho más grave, relacionado con la muerte de un paciente ocurrido en diciembre del año pasado.
Ese planteo fue rechazado inicialmente por la Fiscalía, aunque ahora deberá resolverlo el Juzgado de Garantías.
