El Gobierno ingresó el proyecto del "Super-RIGI" al Congreso: conocé los detalles
La iniciativa presentada por el oficialismo busca promocionar el ingreso de inversiones para sectores que aún no tienen desarrollo en Argentina.

El Gobierno nacional envió al Congreso el proyecto de ley denominado "Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias", conocido como "super-RIGI", con el objetivo de atraer inversiones millonarias en sectores tecnológicos y actividades que actualmente no tienen desarrollo en la Argentina. La iniciativa ingresó en la Cámara de Diputados y establece un piso mínimo de inversión de US$ 1.000 millones.
Según el texto oficial, el nuevo esquema busca impulsar proyectos de gran escala mediante beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios. Además, apunta a fomentar el crecimiento económico, aumentar las exportaciones y generar empleo, en coordinación con provincias y organismos vinculados a recursos naturales y cadenas productivas.
En los fundamentos del proyecto, la administración de Javier Milei sostuvo que el actual Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) fue "un primer paso", aunque remarcó la "necesidad de diseñar un instrumento superador" destinado exclusivamente a actividades económicas nuevas y de alto impacto tecnológico.
El proyecto establece que las inversiones deberán canalizarse a través de Vehículos de Proyecto Único (VPU) y exige ejecutar al menos el 20% del monto comprometido durante los primeros dos años desde la adhesión. Además, fija un plazo de cinco años para presentar proyectos desde la reglamentación de la ley, con posibilidad de extenderlo por un año más.
Entre los beneficios previstos, el super-RIGI contempla una reducción del impuesto a las ganancias al 15%, frente al 25% vigente en el régimen actual. También acelera el esquema de amortización, habilita la deducción ilimitada de quebrantos y reduce la carga sobre dividendos y utilidades al 3,5% después de cuatro años de adhesión.
En materia cambiaria y aduanera, la iniciativa exime del pago de derechos de importación y exportación vinculados a los proyectos y habilita un esquema progresivo de libre disponibilidad de divisas provenientes de exportaciones: 20% el primer año, 40% el segundo y 100% a partir del tercero.
Además, garantiza estabilidad normativa por 30 años y prevé la posibilidad de recurrir a arbitraje internacional ante conflictos entre el Estado y los inversores.
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