Proponen limitar a 20 años los cargos de jueces y fiscales en el Chaco
La iniciativa busca modificar la Constitución provincial para establecer mandatos de diez años con posibilidad de una sola reelección.

Los diputados provinciales Adrián Favio Zukiewicz y Alexis Mayra Yael Jarenko impulsan una reforma constitucional que propone establecer límites temporales para jueces y representantes del Ministerio Público en la provincia del Chaco.
El proyecto plantea modificar el artículo 154 de la Constitución provincial para que magistrados y fiscales duren diez años en sus funciones, con posibilidad de ser designados nuevamente por un único período consecutivo. De aprobarse, el tope máximo de permanencia en el cargo sería de veinte años.
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Actualmente, la Constitución chaqueña contempla la permanencia de los magistrados mientras mantengan buena conducta y hasta alcanzar el límite etario previsto por la normativa vigente. La propuesta introduce un esquema basado en plazos temporales y mecanismos de renovación periódica.
Entre los fundamentos, los autores sostienen que la iniciativa apunta a promover la renovación generacional dentro del Poder Judicial, fortalecer mecanismos de evaluación institucional y evitar la permanencia indefinida en cargos judiciales.
El texto también mantiene el principio de inamovilidad durante cada mandato y establece que las eventuales renovaciones deberán realizarse mediante concursos públicos de antecedentes y oposición.
Además, la iniciativa incorpora como causal de remoción la "morosidad u omisión" en la resolución de causas judiciales y ratifica la creación de un sistema público de estadísticas judiciales para control ciudadano.
Según el proyecto, la reforma se impulsa mediante el mecanismo de enmienda previsto en el artículo 212 de la Constitución provincial. En ese sentido, se indica que, en caso de contar con unanimidad legislativa, podría incorporarse directamente al texto constitucional sin necesidad de consulta popular.
En los fundamentos, los legisladores citan antecedentes provinciales como el caso de Salta y fallos vinculados a la autonomía provincial en la organización de sus poderes judiciales.
