La Justicia Federal habilitó acceso parcial a celulares en la causa "narcopolicías"
La jueza fijó reglas estrictas para que las defensas consulten la evidencia digital sin afectar la intimidad de terceros.
En el expediente que investiga el presunto robo de cocaína durante una quema oficial en Colonia Benítez, la jueza federal Zunilda Niremperger resolvió un punto clave planteado por las defensas: el acceso al contenido de los teléfonos celulares secuestrados a los imputados.
La discusión se centró en cómo compatibilizar el derecho a la defensa con la protección de la intimidad digital. Según expuso la magistrada, los dispositivos actuales almacenan información privada, familiar, patrimonial e incluso datos de terceros ajenos al proceso, lo que exige, remarcó, un control judicial bajo criterios de razonabilidad y mínima injerencia.
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El planteo había sido impulsado por la defensa de Gustavo Andrés Quizama, uno de los siete policías inicialmente detenidos, quien solicitó acceso completo a las extracciones forenses para verificar la integridad de la prueba y respaldar su hipótesis de descargo. El Ministerio Público Fiscal se opuso al acceso irrestricto, al sostener que no se designaron peritos en su momento y que parte del material está protegido por garantías de reserva.
Ante este escenario, Niremperger descartó tanto la negativa absoluta como la entrega indiscriminada del material. En su lugar, dispuso un esquema de "acceso reservado y controlado" con pautas precisas:
- Las defensas tendrán tres días para indicar qué dispositivos desean consultar.
- Deberán delimitar técnicamente el objeto de la búsqueda: períodos, conversaciones, contactos o términos específicos.
- Se prohíbe la entrega de copias forenses completas y el acceso a información de terceros no vinculados a la causa.
Una excepción se dio en el caso de Quizama, quien prestó consentimiento expreso para que se acceda sin restricciones al contenido de su propio teléfono. Con acuerdo de la fiscalía, la jueza autorizó que ese material sea extraído en su totalidad y puesto a disposición de sus abogados.
Para el resto de los dispositivos, la consulta se realizará en la sede fiscal, bajo supervisión técnica, resguardando la cadena de custodia y la confidencialidad de los datos.
La investigación involucra a efectivos de la Dirección de Consumos Problemáticos. Días atrás, se confirmó la prisión preventiva para la mayoría de los imputados hasta el 7 de julio, mientras que el oficial Lucas Exequiel Martínez fue sobreseído y se reincorporó a la fuerza bajo licencia ordinaria.
