Imputan a Landriscina por comprar cheques por $ 1.700 millones sin aval
El fiscal Marcelo Soto sostuvo que las operaciones se hicieron con fondos de la Municipalidad de Sáenz Peña en un segmento "no garantizado" del mercado bursátil. La acusación incluye malversación, negociaciones incompatibles e incumplimiento de deberes.
El fiscal de Investigación N°3 de Sáenz Peña, Marcelo Soto , imputó al exsecretario de Gobierno, actualmente de licencia, Diego Landriscina por la presunta compra de cheques de pago diferido por más de $ 1.700 millones sin garantías de cobro, utilizando recursos de la Municipalidad de Sáenz Peña .
La acusación se formalizó durante una audiencia realizada este martes por la mañana, donde el fiscal le atribuyó la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función pública y malversación de caudales, en concurso ideal y en calidad de autor.
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Según la exposición fiscal, Landriscina estaba habilitado para operar sobre la cuenta comitente que el municipio posee en la Bolsa de Comercio del Chaco , abierta en diciembre de 2016. Esa autorización derivaba de un convenio firmado el 18 de julio de 2020 con el intendente de la ciudad.
En ese marco, el fiscal detalló que entre el 10 de marzo de 2025 y el 5 de enero de 2026 se habrían adquirido cheques de pago diferido en el segmento "no garantizado" del mercado, emitidos por el empresario Rubén Roberto Médula por $999.055.000 y por la firma Estancia Real SRL por $ 756.200.000.
De acuerdo con la acusación, estos instrumentos no contaban con avales que aseguraran su cobro, lo que, según el fiscal, implicó un riesgo para el erario municipal.
Además, se indicó que las operaciones se realizaron de manera remota, a través del sistema Home Broker de la bolsa, utilizando el usuario y contraseña personales de Landriscina. Para poder concretarlas, previamente habría modificado el perfil de inversor del municipio, pasando de "conservador" a "moderado" en tres oportunidades: julio de 2023, octubre de 2024 y julio de 2025.
El fiscal también sostuvo que estas decisiones se habrían tomado sin consulta previa ni ordenanza del Concejo Deliberante que autorizara ese tipo de operatoria financiera.
En otro tramo de la imputación, Soto afirmó que Landriscina habría percibido beneficios económicos personales derivados de comisiones por su intervención como manager de la cuenta comitente, que —según la acusación— eran transferidas a una cuenta de su titularidad, configurando un presunto conflicto de intereses.
Con estos elementos, la Fiscalía avanzó en la imputación formal mientras continúa el desarrollo de la audiencia judicial.
