Elevaron a juicio la causa por venta ilegal de vehículos del Estado
Así lo confirmó el juez federal de Resistencia N°2, Ricardo Mianovich. Los vehículos pertenecían al Estado chaqueño durante la gestión de Jorge Capitanich.
El juez federal de Resistencia N° 2, Ricardo Mianovich, resolvió elevar a juicio oral la causa que investiga la presunta venta ilegal de vehículos pertenecientes al Estado chaqueño durante la gestión de Jorge Capitanich.
Según el fallo, existió una "organización criminal" integrada por funcionarios públicos, efectivos policiales y empresarios, que habría montado una estructura para sustraer rodados de la flota oficial mediante la falsificación de decretos y documentación registral.
La investigación se inició en junio de 2021, cuando Víctor Adrián Veleff, titular de un Registro del Automotor en Resistencia, detectó irregularidades al procesar la transferencia de una camioneta de la Jefatura de Policía del Chaco. Al comparar la documentación presentada con los registros oficiales, advirtió inconsistencias en datos clave como el dominio, el lote y el adquirente.
De acuerdo a la causa, la maniobra se originaba en la Dirección General de Gestión de Bienes, donde la exfuncionaria Lidia del Carmen Costas habría intervenido certificando documentación adulterada para incorporar vehículos que no estaban autorizados para su venta.
Además, los sargentos de policía Daniel Rojas y Marcos Vargas están acusados de validar formularios de verificación física sin haber inspeccionado los vehículos. Estas certificaciones se habrían realizado en Formosa durante las restricciones por la pandemia de COVID-19, lo que, según la Justicia, hacía imposible el traslado de las unidades.
También se menciona a Mario Orlando Bistman como el encargado de canalizar la documentación falsa hacia los beneficiarios finales. Entre ellos figuran Santiago Daniel Dellacasa y su padre, Héctor Jorge Dellacasa —fallecido durante el proceso—, vinculados a la firma Solint S.A.S., señalada como receptora de gran parte de los rodados.
La defensa de Santiago Dellacasa intentó frenar la elevación a juicio al sostener que no existían pruebas directas en su contra, pero el juez desestimó el planteo al considerar que es el titular de la empresa y que su correo figuraba en los registros vinculados a las operaciones investigadas.
Los imputados enfrentarán cargos por falsedad ideológica, uso de documento falso y asociación ilícita, mientras que el tribunal oral será el encargado de determinar las responsabilidades en este caso de presunto fraude contra la administración pública.
