Restringirían planes y empleo a involucrados en usurpaciones
La iniciativa del oficialismo propone impedir beneficios sociales y el ingreso al Estado a quienes participen en tomas de terrenos.
Diputados del oficialismo en la Cámara de Diputados del Chaco presentaron un proyecto de ley que establece restricciones administrativas para personas u organizaciones vinculadas a usurpaciones de inmuebles públicos o privados en la provincia.
La propuesta fue impulsada por la diputada Carina Botteri Disoff y plantea que quienes "participen, organicen, promuevan o instiguen" tomas de terrenos, viviendas o complejos habitacionales no puedan acceder a planes, programas, subsidios ni beneficios otorgados por el Estado provincial.
Según el texto, la restricción regiría por tres años desde el cese de la ocupación ilegítima y podría extenderse hasta cinco años en caso de reincidencia.
INCOMPATIBILIDADES
El proyecto también fija límites para el acceso al empleo estatal. Establece que las personas con condena judicial firme por usurpación no podrán ingresar al sector público provincial mientras duren los efectos de la sentencia. En el caso de agentes ya incorporados al Estado, se prevé la apertura de un sumario administrativo, y para funcionarios políticos, la remoción inmediata ante condena firme.
Además, se contempla una inhabilitación de dos años para ocupar cargos públicos en cualquier organismo provincial.
La iniciativa propone crear un Registro Único de Beneficiarios Sociales en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Humano del Chaco, que centralice la información de quienes reciben asistencia estatal. Este registro incluiría datos personales, historial de beneficios, situación habitacional y eventuales restricciones vinculadas a la ley. La información será confidencial y de uso exclusivamente administrativo.
El proyecto también prohíbe la conexión de servicios públicos en inmuebles donde no se acredite posesión o tenencia legítima, aunque prevé excepciones en situaciones de vulnerabilidad debidamente justificadas.
FUNDAMENTOS
En los fundamentos, se señala que la propuesta busca "establecer un régimen de consecuencias administrativas" ante el "incremento sostenido de ocupaciones ilegales", fenómeno que, según se indica, genera conflictos sociales, afecta derechos constitucionales y altera la convivencia.
Por último, se aclara que la iniciativa "no pretende criminalizar la necesidad", sino diferenciar situaciones de vulnerabilidad de acciones organizadas que impactan en el orden público.
