Buscan que los padres de los responsables paguen $ 4 millones por cada operativo
La iniciativa ya inició en Santa Fe y tiene como objetivo desalentar la conducta delictiva de los menores.
La Justicia chaqueña avanza en una estrategia para que los padres de menores involucrados en amenazas a escuelas asuman las consecuencias económicas de los operativos de seguridad. La iniciativa surge en medio de una escalada de episodios que alteraron la rutina educativa en toda la provincia.
Según indicaron fuentes judiciales, cada despliegue policial tiene un costo cercano a los 4 millones de pesos. La intención es trasladar ese gasto a los tutores de los responsables, una medida que ya comenzó a aplicarse en Santa Fe y que ahora buscan replicar en Chaco.
En paralelo, la investigación judicial sigue su curso. Actualmente hay cuatro menores detenidos por amenazas dirigidas a distintos establecimientos educativos, mientras se prevé avanzar con la citación de sus padres para que presten declaración en el marco de las causas abiertas.
La seguidilla de intimidaciones generó un fuerte impacto en la comunidad educativa. En distintos puntos de la provincia se realizaron operativos preventivos y allanamientos, donde se secuestraron armas, teléfonos celulares y otros elementos vinculados a las amenazas.
Las cifras reflejan la magnitud del problema: hasta el momento, 153 escuelas chaqueñas fueron blanco de advertencias de posibles tiroteos. Esta situación obligó a reforzar la seguridad y activar protocolos en numerosos establecimientos.
Desde el ámbito judicial confirmaron que los padres serán citados por el delito de "intimidación pública", contemplado en el Código Penal. "La idea es darle entre 2 a 6 años de prisión, pero no efectiva", señalaron respecto de las posibles sanciones para los responsables.
Además de las consecuencias penales, el foco está puesto en la responsabilidad civil. Buscan que los tutores afronten los costos de los operativos, tal como ocurre en Santa Fe, donde ya se iniciaron demandas contra familias. Buscan que los tutores afronten los costos de los operativos, tal como ocurre en Santa Fe, donde ya se iniciaron demandas contra familias. "Es el costo exacto que tuvo para los santafesinos cada intervención. Si no se lo cobramos a quien lo causó, lo terminan pagando todos los contribuyentes", sostuvo Pablo Cococcioni, al explicar la medida que ahora Chaco pretende adoptar para desalentar estas conductas.
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