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Viernes 24 de Abril, 2026
 
 
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Causa Tierras Fiscales

Amad dijo que Capitanich no podía "desconocer" la entrega de tierras al esposo de Soneira

El fiscal, en dialogo con Diario TAG, comentó que: "Se trata de personas que tenían vínculos entre sí, ya sea de sociedad, parentesco o amistad. Todos cumplían una función dentro de una maniobra con un fin común", afirmó

Fiscal Federal Carlos Amad y el exgobernador Jorge Capitanich

En el marco de la causa de Tierras Fiscales, el fiscal Federal Carlos Amad habló con diario TAG y dejó en claro que el exgobernador, Jorge Capitanich, "no podía desconocer" que las 3.600 hectáreas entregadas fueron destinadas al esposo de Marta Soneira, exministra de Ambiente y Desarrollo Territorial. 

Además, el funcionario judicial catalogó como "inaceptable" la versión brindada por el actual senador y pidió que se respete el tiempo procesal del caso. Además, confirmó que solicitó el procesamiento del exgobernador Jorge Capitanich, de la exministra Marta Soneira y de otras personas presuntamente vinculadas a la maniobra.

De acuerdo a lo explicado, el requerimiento también alcanza a allegados de los principales imputados, entre ellos el esposo de la exfuncionaria y socios relacionados. "Hemos solicitado al juez el dictado de procesamiento para una serie de personas, mientras que para otras se requirió falta de mérito y sobreseimiento por no tener vinculación con el hecho", precisó y agregó: "Entiendo la ansiedad de los medios de comunicación, pero también debe respetarse el tiempo procesal necesario para que el juez, con las documentaciones probatorias adjuntadas, decida si acepta o no nuestro pedido".

En relación a la etapa investigativa, Amad señaló que lograron establecer los roles individuales dentro del esquema bajo análisis. "Se trata de personas que tenían vínculos entre sí, ya sea de sociedad, parentesco o amistad. Todos cumplían una función dentro de una maniobra con un fin común", afirmó. En ese sentido, remarcó que los funcionarios involucrados "no podían desconocer" esas relaciones en el marco de las decisiones adoptadas.

El fiscal también hizo foco en la evidencia reunida, destacando el valor de la documentación oficial incorporada al expediente. "Los decretos publicados en el Boletín Oficial, los expedientes administrativos, permisos provisorios y registros de empresas son elementos clave", indicó. Además, mencionó que se sumaron testimonios de trabajadores del organismo de tierras, quienes aportaron detalles sobre el circuito interno de los trámites.

Uno de los aspectos centrales del caso es la adjudicación de unas 3.600 hectáreas de tierras fiscales. Amad buscó dimensionar esa extensión al señalar: "Una hectárea equivale a una manzana, es decir un cuadrado de 100 por 100 metros. A estos beneficiarios se les otorgaron aproximadamente 3.600 manzanas".

Sobre las responsabilidades, el fiscal fue contundente al afirmar: "Todas estas personas son coautores de la maniobra. Cada uno tuvo un rol, pero con un objetivo común". A su vez, consideró que la investigación permite advertir una "estructura organizada", aunque aclaró que no se encuadra como asociación ilícita debido a que el delito investigado ya contempla agravantes por la participación de múltiples actores.

La causa atraviesa ahora una instancia clave, ya que el juez federal deberá resolver si hace lugar o no al pedido de procesamiento. Según detalló Amad, ya se dio intervención a querellantes y defensas, y no existe un plazo determinado para la decisión. "No hay un plazo establecido, es una causa compleja, con muchos imputados y abundante prueba", explicó.

Consultado por las críticas públicas del exgobernador, el fiscal evitó confrontar y sostuvo: "Con los imputados no discuto en los medios, sino en el expediente. Las descalificaciones forman parte de una estrategia de defensa para desacreditar la investigación".

Finalmente, Amad advirtió sobre debilidades en los mecanismos actuales de adjudicación de tierras fiscales y planteó la necesidad de fortalecer los controles. "El procedimiento tiene debilidades, especialmente en los controles posteriores. Las tierras deben ser trabajadas por quienes las reciben y el Estado debe verificar de manera exhaustiva que eso se cumpla", concluyó.

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