Prohibieron el acceso a Casa Rosada a periodistas y suspendieron acreditaciones
La denuncia penal presentada días atrás por la Casa Militar contra dos periodistas de Todo Noticias derivó en una consecuencia inmediata que hoy se convirtió en el eje del conflicto: la restricción total de ingreso a la Casa Rosada para medios y periodistas acreditados.
La presentación judicial, que recayó en el juzgado federal a cargo de Ariel Lijo, fue impulsada por la Casa Militar, organismo que depende de la Secretaría General de la Presidencia, y apunta contra la periodista Luciana Geuna y el cronista acreditado Ignacio Salerno. Se los acusa de haber registrado imágenes en sectores internos del edificio gubernamental que, según la denuncia, podrían comprometer aspectos vinculados a la seguridad presidencial.
Sin embargo, el dato central que marca la agenda informativa ya no es la denuncia en sí, sino la decisión posterior: a partir de ese episodio, se dispuso impedir el acceso de la prensa al edificio gubernamental.
BASURAS REPUGNANTES
— Javier Milei (@JMilei) April 22, 2026
Me encantaría ver a esas basuras inmundas que portan credencial de periodistas (95%) que salgan a defender lo que hicieron estos dos delincuentes. Espero que esto llegue hasta los máximos responsables.
CIAO! pic.twitter.com/Z46PtFT74k
MEDIDA Y CAMBIO DE ESCENARIO
Fuentes oficiales argumentaron que la determinación se encuadra en la aplicación estricta del reglamento de acreditaciones vigente, que prohíbe expresamente la toma de imágenes, videos o transmisiones en sectores no autorizados. La normativa prevé sanciones que pueden derivar en la suspensión o revocación de credenciales.
En este contexto, al menos de manera inicial, se suspendió la acreditación de Salerno y se limitó el ingreso de trabajadores de prensa al interior de la sede gubernamental, modificando la dinámica habitual de cobertura periodística en Balcarce 50.
EL TRASFONDO JUDICIAL
La denuncia sostiene que el material difundido podría haber expuesto sistemas de seguridad, circuitos internos y zonas sensibles de tránsito presidencial. Por ese motivo, se invocaron posibles figuras penales vinculadas a la revelación de secretos políticos y militares.
El caso quedó en manos del juez Lijo, quien deberá determinar si existió efectivamente una conducta delictiva o si se trató de una falta administrativa en el marco del trabajo periodístico.
REPERCUCIONES
El presidente Javier Milei, desde Israel, se pronunció en redes sociales con duros términos contra los periodistas involucrados, mientras que desde distintos sectores del ámbito periodístico se encendieron alertas por el impacto que la medida podría tener sobre el ejercicio de la labor informativa en la Casa de Gobierno.
Así, lo que comenzó como una denuncia puntual por la grabación en pasillos internos derivó en un escenario más amplio: la discusión sobre los límites, controles y condiciones bajo las cuales la prensa puede desempeñar su tarea dentro del edificio más emblemático del Poder Ejecutivo Nacional.
