Permisos para importar en el gobierno de Alberto Fernández, bajo sospecha de coimas
La causa que instruye el fiscal Franco Picardi, con trámite en el juzgado de Ariel Lijo, apunta a pagos ilegales para acceder al dólar oficial entre 2022 y 2023. Hubo 30 allanamientos y cinco funcionarios del BCRA están imputados.
Una investigación judicial con casi 30 allanamientos en cinco meses puso bajo la lupa el funcionamiento del sistema de autorizaciones para importar durante el tramo más restrictivo del cepo cambiario. La causa, delegada en el fiscal Franco Picardi y radicada en el juzgado de Ariel Lijo, indaga presuntos pagos ilegales de entre el 10% y el 15% para obtener permisos que habilitaban el acceso al dólar oficial entre 2022 y 2023.
Según fuentes vinculadas al expediente, ya se habrían identificado al menos cuatro empresarios y las operaciones en cuestión, que superarían los US$ 3,5 millones. Se trata de importaciones efectivamente realizadas y autorizadas bajo el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), mecanismo vigente entre octubre de 2022 y diciembre de 2023 que involucraba a la DGI, la Aduana, el Banco Central y la Secretaría de Comercio.
La pesquisa tiene secreto de sumario, pero se confirmó la imputación de cinco funcionarios del Banco Central de la República Argentina del área de Supervisión de Entidades No Financieras: Fabián Violante (gerente principal), Diego Volcic y María Valeria Fernández (inspectores jefe), y Analía Jaime y Romina García (inspectoras generales). Todos entregaron sus teléfonos y claves a la Justicia, salvo García.
En paralelo, figuran imputados empresarios vinculados a casas de cambio, entre ellos Elías Piccirillo, Francisco Hauque, Gonzalo Caló y Martín Migueles. La fiscalía también pidió levantar el secreto fiscal, bancario y bursátil de unas 50 personas físicas y jurídicas.
Los indicios bajo análisis incluyen chats, capturas de pantalla y testimonios que referirían pedidos de pagos "en billete" a cambio de acelerar aprobaciones en 48 horas, con porcentajes coincidentes con denuncias informales que circularon en el sector durante 2023. La causa actual se desprende de otro expediente previo que investigaba a Piccirillo a partir de la denuncia de Hauque.
El trasfondo es sensible: en 2023, con fuertes restricciones cambiarias, la Argentina importó por cerca de US$75.000 millones. La sospecha de discrecionalidad en la aprobación de permisos SIRA fue señalada en su momento por actores del comercio exterior y motivó pedidos de informes legislativos que no prosperaron.
La investigación apunta a reconstruir si existió un circuito sistemático de pagos ilegales para acceder a autorizaciones clave durante el gobierno de Alberto Fernández y la gestión económica encabezada por Sergio Massa. Se espera que, al levantarse el secreto de sumario, se conozcan más detalles sobre el alcance de las responsabilidades.
