El Gobierno envió al Congreso un proyecto para modificar la Ley de Discapacidad
La iniciativa impulsada por el oficialismo propone reempadronar beneficiarios y endurecer los controles.
El Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de ley que propone una reforma integral del sistema de pensiones por invalidez. La iniciativa, denominada "Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez", plantea cambios estructurales que incluyen nuevas condiciones de acceso, mayores controles y una revisión del esquema de prestaciones actualmente vigente.
Entre los puntos centrales, el texto propone la derogación de varios artículos de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad N° 27.793. "Buena parte de estos aplicaba a la universalidad de la ayuda y retrotrae todo al modelo previo a la sanción de la Emergencia", dicta el escrito.
Uno de los ejes más relevantes es la implementación de un reempadronamiento obligatorio para todos los beneficiarios de pensiones no contributivas por invalidez, quienes deberán volver a acreditar su situación médica, socioeconómica y laboral. "Aquellos que no lo hagan sufrirán una suspensión automática de la pensión y la pérdida del beneficio".
El proyecto también incorpora un sistema de control más estricto mediante el cruce de datos entre organismos como ANSES, ARCA y SINTyS. Ante inconsistencias, se habilita la suspensión "preventiva" del beneficio, con posibilidad de defensa en el ámbito administrativo.
En materia económica, se establece que la pensión equivaldrá al 70% del haber mínimo jubilatorio y se elimina la facultad del Poder Ejecutivo para otorgar adicionales. Además, se introduce la "incompatibilidad absoluta" entre la percepción del beneficio y el empleo formal, lo que implica que quienes trabajen en relación de dependencia no podrán mantener la pensión. "Elimina la posibilidad de que una persona con discapacidad acceda a un trabajo registrado y mantenga el beneficio, endureciendo una de las condiciones".
Por último, la propuesta redefine los criterios de acceso, retomando un enfoque centrado en la invalidez laboral y reforzando los controles sobre la acreditación de la incapacidad. También prevé un esquema de actualización de prestaciones ligado al haber mínimo jubilatorio, con ajustes periódicos y compensaciones en función de la inflación.
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