El Gobierno pidió a la Corte intervenir para revertir la cautelar de la reforma laboral
Dicho planteo se realizó a través de un recurso federal de "per saltum" para que el tribunal revierta la cautelar sin esperar una segunda instancia.
El Gobierno nacional, a través de la Procuración del Tesoro de la Nación, solicitó la intervención directa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para revertir la suspensión de artículos clave de la Ley 27.802 de Modernización Laboral.
El planteo se realizó mediante un recurso extraordinario federal de per saltum, con el objetivo de que el máximo tribunal trate el caso sin esperar una resolución de segunda instancia. La presentación fue impulsada en representación de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
La medida apunta a dejar sin efecto la cautelar dictada por el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, a cargo del juez Raúl Horacio Ojeda, que el pasado 30 de marzo suspendió la aplicación de 83 artículos de la norma.
En su presentación, la Procuración pidió que se declare admisible el recurso, se suspendan los efectos de la cautelar y, finalmente, se revoque la sentencia. Argumentó que el fallo fue dictado por un juez incompetente y en el marco de un proceso donde no existiría un caso concreto ni legitimación suficiente.
La causa se originó a partir de una acción presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT), que solicitó la inconstitucionalidad de varios artículos al considerar que vulneran derechos laborales y garantías constitucionales, como la protección del trabajo y la libertad sindical.
Frente a ello, el Gobierno sostuvo que la central obrera no acreditó un perjuicio concreto ni un acto específico que justifique su reclamo, y cuestionó su capacidad para representar a la totalidad de los trabajadores del país.
Además, remarcó que el caso debe tramitar en la órbita federal, ya que el Estado nacional es parte y la decisión tiene impacto en todo el territorio. En ese sentido, advirtió sobre una situación de "gravedad institucional", al considerar que la suspensión general de una ley por un tribunal de primera instancia afecta la división de poderes y genera incertidumbre jurídica.
Por último, insistió en la necesidad de una intervención urgente de la Corte para restituir la vigencia de la norma mientras se resuelve el fondo del conflicto.
