Proponen una enmienda constitucional para impedir subas de impuestos a inversiones
La iniciativa impulsa incorporar un artículo 40 bis a la Constitución provincial y requiere unanimidad legislativa. Apunta a dar previsibilidad a proyectos productivos.
El oficialismo provincial presentó en la Legislatura un proyecto de enmienda constitucional que busca impedir la creación de nuevos tributos o el aumento de los ya existentes sobre inversiones productivas en la provincia.
La propuesta fue ingresada formalmente por el subsecretario de Legal y Técnica, Julio Ferro, junto al ministro de la Producción Oscar Dudik, y acompañada por legisladores del bloque oficialista. La iniciativa, que había sido anticipada por el gobernador Leandro Zdero en la apertura de sesiones, propone incorporar el artículo 40 bis a la Constitución del Chaco.
El texto establece la prohibición de crear nuevos tributos o aumentar los existentes, de manera directa o indirecta, que afecten a inversiones productivas, y dispone que cualquier impuesto o tasa que contradiga esta garantía será nulo de pleno derecho y deberá ser restituido de manera inmediata, sin necesidad de extensos procesos judiciales.
Según explicó Ferro durante la presentación, el objetivo es "garantizar que no se cambien las reglas del juego" y enviar "un mensaje claro al mundo" sobre la seguridad jurídica en el Chaco, brindando previsibilidad a largo plazo para fomentar el desarrollo económico y la generación de empleo.
REQUIERE UNANIMIDAD
El mecanismo elegido es el de enmienda constitucional directa, contemplado en el artículo 212 de la Carta Magna provincial, lo que permite avanzar sin convocar a una convención constituyente, aunque exige la aprobación unánime de los legisladores.
En ese marco, el presidente del bloque oficialista, Ivan Gyöker, sostuvo que la provincia "ya dio señales concretas al reducir impuestos y avanzar en medidas que favorecen la actividad privada" y agregó: "Buscamos generar consenso para avanzar en una herramienta clave para el desarrollo. No debería haber objeciones cuando se trata de garantizar seguridad jurídica, atraer inversiones y generar oportunidades para los chaqueños".
ALCANCE PROVINCIAL Y MUNICIPAL
El proyecto incorpora expresamente a los municipios, estableciendo que las tasas locales no podrán afectar de manera indirecta a las inversiones alcanzadas por la protección constitucional, con el fin de eliminar distorsiones y brindar mayor previsibilidad.
Además, introduce el denominado "principio de sustitución", que habilitaría a la provincia a captar recursos en caso de cambios en la política tributaria nacional, sin que eso implique incrementar la carga impositiva total para los inversores.
Fundamentos: seguridad jurídica y "intangibilidad patrimonial"
En los fundamentos elevados a la Cámara, el Ejecutivo sostiene que la reforma se encuadra en la facultad prevista por el artículo 212 de la Constitución provincial, que habilita a la Legislatura a actuar como órgano de reforma directa ante "las exigencias imperiosas del desarrollo provincial".
El texto argumenta que, en un escenario de competencia entre jurisdicciones por la atracción de capitales, el Chaco busca posicionarse "como una jurisdicción de vanguardia" al otorgar jerarquía constitucional a la estabilidad fiscal de las inversiones. En ese sentido, se define al nuevo artículo 40 bis como una garantía de "intangibilidad patrimonial", vinculada al resguardo de la ecuación económico-financiera de los proyectos productivos y al derecho de propiedad.
También se aclara que, ante un eventual proceso de descentralización fiscal nacional, la Provincia no renuncia a percibir tributos que la Nación le transfiera o restituya, siempre bajo la condición de "no duplicación de la carga" para el inversor.
Para dotar de operatividad real a esta garantía, se dispone que cualquier tributo creado en violación a la norma será considerado nulo de pleno derecho, lo que obligaría a la devolución inmediata de lo percibido, evitando largos procesos judiciales de repetición.
Desde el Ejecutivo remarcan que esta reforma busca consolidar una política de Estado a mediano y largo plazo, orientada a posicionar al Chaco como una provincia competitiva y confiable para la radicación de capitales.
