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Jueves 2 de Abril, 2026
 
 
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Proyecto

Buscan endurecer penas por denuncias falsas sobre abusos

La senadora nacional, Carolina Losada presentó un proyecto de ley que busca endurecer las penas por denuncias falsas en el ámbito de familia, con el objetivo de que dejen de ser excarcelables y de sancionar también a los profesionales que intervengan en este tipo de maniobras.

La iniciativa propone modificar el esquema actual de sanciones al considerar que el uso indebido del sistema judicial genera perjuicios tanto a los acusados como a las víctimas reales de violencia. En ese sentido, la legisladora advirtió sobre lo que definió como una "industria de la exclusión", en referencia a prácticas que, según sostuvo, derivan en la ruptura de vínculos familiares.

"Desconocer que existen las denuncias falsas es una injusticia", sostuvo Losada. La senadora afirmó además haber atravesado una situación de ese tipo luego de organizar un evento vinculado a la temática, y planteó que estas acciones buscan silenciar cuestionamientos al funcionamiento del sistema.

El proyecto establece distintas escalas de penas. Para las denuncias falsas en general, prevé condenas de entre 1 y 3 años de prisión. En casos agravados, como aquellos que involucren situaciones de abuso o violencia de género, especialmente cuando haya menores, las penas irían de 3 a 6 años. Además, incorpora sanciones específicas para peritos, psicólogos y abogados que participen en la elaboración de denuncias falsas, con condenas de 3 a 9 años de cárcel e inhabilitación profesional.

Entre los fundamentos, la senadora mencionó el impacto que estas prácticas pueden tener en casos concretos. Citó como ejemplo el caso de Lucio Dupuy, al señalar que el menor fue apartado de familiares que advertían situaciones de violencia a partir de denuncias falsas, lo que derivó en un desenlace trágico.

La propuesta también pone el foco en la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, al advertir que las denuncias infundadas pueden provocar separaciones prolongadas y afectar su entorno familiar, con consecuencias que trascienden el ámbito judicial.

Según indicó Losada, el proyecto ya cuenta con dictamen de comisión y buscará avanzar hacia su tratamiento en el Senado. "La justicia no puede ser un trámite gratuito para destruir vidas", afirmó la legisladora, al plantear la necesidad de que el tema tenga mayor visibilidad en la agenda pública.

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