Buscan ordenar y fortalecer las políticas contra la violencia escolar en la provincia
La iniciativa impulsa un abordaje coordinado para prevenir el bullying, la violencia entre pares y los conflictos en entornos digitales dentro del sistema educativo.
La presidenta de la Cámara de Diputados del Chaco, Carmen Noemí Delgado, presentó este lunes un proyecto de ley para crear el Programa Integral de Convivencia Escolar en el ámbito del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Chaco.
La propuesta apunta a fortalecer, ordenar y articular las herramientas que ya existen en la provincia para prevenir y abordar situaciones de acoso entre pares, violencia escolar y nuevas formas de conflicto vinculadas al uso de tecnologías digitales.
Según el texto, el programa no crea nuevas estructuras administrativas, sino que busca integrar dispositivos vigentes que hoy funcionan de manera dispersa, facilitando la prevención, la orientación y la intervención institucional ante situaciones que afecten la convivencia en las escuelas.
Entre sus ejes centrales, la iniciativa contempla la creación de una instancia de revisión y actualización de la normativa vigente en materia de convivencia escolar, la implementación de un canal institucional de información y prevención para la comunidad educativa, y la articulación con organismos de educación, salud, protección de derechos y seguridad para la derivación y acompañamiento de los casos que lo requieran.
El proyecto también pone el foco en la formación y sensibilización de estudiantes, familias, docentes y directivos, promoviendo la participación activa de la comunidad educativa en la construcción de entornos escolares seguros e inclusivos.
Uno de los puntos destacados es la incorporación del principio de corresponsabilidad, que reconoce el rol de las familias en los procesos de intervención y establece su participación obligatoria en las instancias de orientación y acompañamiento, junto con la garantía de que niñas, niños y adolescentes puedan ser escuchados en los procesos que los involucren.
La autoridad de aplicación será el Ministerio de Educación provincial, que deberá coordinar la implementación del programa, administrar el canal de comunicación previsto, generar contenidos preventivos y evaluar el funcionamiento de la iniciativa para proponer mejoras.
El proyecto prevé que el Poder Ejecutivo reglamente la ley dentro de los 90 días de su promulgación y que su ejecución se realice con partidas presupuestarias ya asignadas a la cartera educativa.
