Belgrano Cargas: el modelo de privatización que impulsa el Gobierno y genera debate
Open Access, desintegración vertical y fuertes inversiones proyectadas marcan la licitación que se publicaría en los próximos días. Empresas locales e internacionales ya analizan el esquema.

El gobierno de Javier Milei se prepara para lanzar la licitación de Belgrano Cargas y Logística, la empresa ferroviaria estatal incluida en el listado de compañías sujetas a privatización dentro de la Ley de Bases aprobada en 2024.
La iniciativa fue presentada ante empresarios durante el Argentina Week realizado en Nueva York y anticipa un esquema poco habitual en el negocio ferroviario internacional: desintegración vertical y modelo de "acceso abierto" (Open Access).
Este sistema permite que distintas empresas utilicen las vías ferroviarias aun sin ser las concesionarias de la infraestructura, algo que en el mundo solo se aplica en algunos casos para transporte de pasajeros y con fuerte participación estatal. En Argentina, el planteo oficial busca trasladarlo al transporte de cargas.
A esto se suma la desintegración de la operación: la licitación dividirá por separado la administración de las vías, el material rodante y los talleres. Además, el pliego prevé que en cada instancia deban presentarse empresas distintas, lo que obliga a los grupos inversores a participar con diferentes CUIT si desean competir por más de un segmento.
La red ferroviaria involucrada abarca 7.594 kilómetros operativos correspondientes a las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza, atravesando 16 provincias y conectando con cinco pasos internacionales.

Desde el Ejecutivo estiman una inversión total de 755 millones de dólares: 420 millones para la línea San Martín, 260 millones para el Belgrano y 75 millones para el Urquiza, con un tope de financiamiento previsto de 435 millones.
El cronograma oficial prevé que la licitación se publique antes de fin de marzo. A partir de allí, habrá 90 días para presentar ofertas, un mes para evaluarlas y otros 30 días para la firma del contrato. Luego se abrirá un período de transición de 90 días y se estima que la adjudicación final se concretará hacia diciembre.
Hasta el momento, la única firma internacional que manifestó formalmente su interés es Grupo México, que incluso expresó reparos sobre el modelo propuesto y planteó la necesidad de concentrar toda la operación bajo una única concesión, con una inversión proyectada de hasta 3.000 millones de dólares.
En paralelo, también analizan competir por el negocio un consorcio integrado por grandes agroexportadoras argentinas: Aceitera General Deheza, Asociación de Cooperativas Argentinas, Bunge, Louis Dreyfus Company y Cargill.
El diseño del esquema genera interrogantes entre los interesados, que advierten que no se ajusta a los estándares habituales del negocio ferroviario de cargas a nivel global. Sin embargo, para el Gobierno, el modelo permitirá mayor competencia, eficiencia operativa y reducción de costos logísticos en un sector clave para la economía argentina.
