Proponen nuevas reglas para prevenir y actuar ante el acoso escolar
Las iniciativas plantean protocolos obligatorios, participación familiar y sanciones progresivas en escuelas públicas y privadas.
El caso de Fernanda Almada, la adolescente chaqueña que se quitó la vida tras sufrir bullying, generó una fuerte conmoción en la comunidad educativa y derivó en la presentación de dos proyectos de ley en la Legislatura provincial con el objetivo de reforzar el abordaje del acoso escolar en Chaco.
Por un lado, la diputada provincial Maida Gabriela With impulsó una iniciativa que propone crear un Régimen Provincial de Corresponsabilidad Parental frente a situaciones de bullying y ciberbullying. El proyecto busca complementar la normativa vigente mediante un esquema progresivo, preventivo y restaurativo que involucre activamente a las familias cuando se detecten conductas reiteradas de acoso entre estudiantes.
La propuesta establece que el régimen será aplicable en todos los establecimientos educativos públicos y privados de la provincia y define el acoso escolar en línea con la legislación nacional y provincial, contemplando hostigamientos físicos, verbales, psicológicos y digitales.
Uno de los puntos centrales es la obligatoriedad de una intervención institucional previa por parte de las escuelas, que deberá incluir la activación de protocolos, acuerdos de convivencia, participación de equipos de orientación escolar y la notificación a padres o tutores.
En este marco, se incorpora el "deber de colaboración parental", que obliga a los responsables a presentarse ante la institución cuando sean convocados, participar en instancias de orientación y adoptar medidas para evitar la reiteración de estas conductas. Ante incumplimientos injustificados, se habilita la aplicación de medidas progresivas que van desde advertencias formales y talleres obligatorios hasta trabajos comunitarios y, en última instancia, multas proporcionales a la situación socioeconómica de las familias. Lo recaudado sería destinado a programas de prevención del acoso escolar.
Desde los fundamentos, la autora remarcó que el proyecto no reemplaza el modelo vigente, sino que lo fortalece, manteniendo el enfoque educativo y restaurativo por sobre el punitivo. La autoridad de aplicación prevista es el Ministerio de Educación, con articulación con organismos de protección de derechos, áreas de salud y, de ser necesario, la Justicia. Además, se aclara que el régimen tendrá carácter administrativo, educativo y contravencional, sin implicar la criminalización de estudiantes ni de sus familias.
Por su parte, la diputada provincial Elda Insaurralde presentó otro proyecto que propone la creación de un régimen integral y obligatorio para prevenir, detectar y sancionar el bullying y ciberbullying en todas las escuelas chaqueñas.
Esta iniciativa exige a las instituciones contar con protocolos claros, actuar en plazos breves ante denuncias, informar a las familias y garantizar medidas inmediatas de protección para las víctimas. También contempla la creación de un registro provincial de casos, sanciones para los establecimientos que incumplan la normativa, capacitación obligatoria para docentes y una mayor intervención del Ministerio de Educación.
