Miraflores: el Lote 88 expone fallos legales y deja a 300 familias en vilo
La suspensión de la escrituración ordenada por el gobernador abrió una instancia de diálogo para evitar desalojos masivos en un conflicto atravesado por derechos indígenas, vacíos normativos y tensiones institucionales.
La decisión del gobernador Leandro Zdero de frenar la escrituración del Lote 88 en Miraflores puso en pausa un proceso que podría derivar en el desalojo de más de 300 familias. El caso combina una reserva indígena establecida en 1979, una ley que fijó el ejido municipal en 1993 y un fallo judicial que ordena la restitución de tierras comunitarias, generando un escenario de alta complejidad social y jurídica.
El origen del conflicto se remonta al Decreto Provincial 1051/79, firmado por el entonces gobernador de facto Antonio Facundo Serrano, que declaró al Lote 88 como reserva para comunidades del pueblo Qom. Décadas después, una operación de compraventa realizada por un particular derivó en una disputa judicial impulsada por integrantes de la comunidad, entre ellos Epifanio Leiva, que cuestionaron la validez de esa transacción.
El caso llegó al Superior Tribunal de Justicia del Chaco, que ratificó la nulidad de la compraventa y ordenó restituir la posesión comunitaria, apoyándose en la protección constitucional de la propiedad indígena y en el Convenio 169 de la OIT. Sin embargo, el fallo no abordó en profundidad la superposición con la Ley 3877 de 1993, que definió el ejido municipal de Miraflores.
A partir de la sentencia, durante la gestión del exgobernador Jorge Capitanich, se avanzó en un convenio que contemplaba la titularización de las tierras a favor de la asociación civil "Añaxa’api – Mujeres Fuertes", inscripta ante el Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACH). Un relevamiento oficial determinó que en el lugar habitan 38 familias indígenas, 392 familias criollas y otros grupos sin situación definida.
Ese punto encendió la alarma social: la escrituración, en esas condiciones, dejaría expuestas al desalojo a cientos de familias que residen allí desde hace más de 30 años.
Ante este escenario, el ministro de Gobierno Julio Ferro elaboró un informe que derivó en el pedido formal de suspensión del trámite a través de la Fiscalía de Estado. El planteo sostiene que avanzar sin contemplar la legislación vigente y la participación del municipio implicaría una intromisión sobre facultades del Poder Legislativo y sobre la autonomía municipal.
El gobernador instruyó abrir instancias de diálogo junto al intendente Rafael Frías y los pobladores, mientras el Instituto de Tierras Fiscales analiza alternativas, como la oferta de otros terrenos dentro del marco legal.
La situación también llegó a la Legislatura del Chaco, donde su presidenta Carmen Delgado, junto al diputado Carlos Salom, recibió a los distintos sectores. Allí se coincidió en la necesidad de una salida integral que evite desalojos masivos y respete tanto los derechos de las comunidades originarias como de los habitantes criollos.
Por ahora, la suspensión de la escrituración llevó algo de calma a la zona. Pero el conflicto de fondo, atravesado por normas superpuestas, decisiones administrativas y una sentencia judicial de fuerte impacto, sigue abierto y requerirá acuerdos entre varios niveles del Estado para evitar que la crisis social escale.
