Amplían denuncia y piden embargo millonario a directivos de la Bolsa de Comercio
En medio de reclamos y embargos, un exsíndico acusó a autoridades por presuntas irregularidades y pidió cautelar por $10.000 millones.
La crisis que atraviesa la Bolsa de Comercio del Chaco sumó un nuevo frente judicial. En paralelo a los reclamos de acreedores y medidas cautelares en curso, un exsíndico de la entidad presentó una ampliación de denuncia penal contra directivos y síndicos, y solicitó un embargo millonario sobre sus bienes personales.
La presentación fue realizada por el abogado Víctor Ruiz Díaz ante la Fiscalía Federal de Resistencia, en el marco de una investigación que ya analiza operatorias financieras cuestionadas dentro de la institución. En su escrito, el denunciante apunta también contra la firma QMRR y plantea la posible comisión de delitos vinculados a la gestión de la Bolsa.
El planteo se da en un contexto de creciente presión judicial sobre la entidad. Días atrás, la firma Catalaxia, asesora de inversiones registrada ante la Comisión Nacional de Valores, obtuvo una medida de embargo por más de $10 millones en el marco de una deuda por servicios prestados en 2023 que, según denunció, nunca fueron abonados.
Según Ruiz Díaz, la situación actual evidencia una "fragilidad financiera extrema" y un escenario de acumulación de reclamos que podría comprometer la continuidad de la Bolsa. En ese sentido, pidió el embargo preventivo de bienes de directivos y síndicos por un monto estimado en $10.000 millones, con el objetivo de garantizar eventuales responsabilidades y evitar una posible descapitalización.
En el escrito, el abogado sostiene que las autoridades habrían incumplido sus deberes de administración, control y supervisión, tanto por acción como por omisión, en el marco de operatorias que generaron perjuicios a inversores.
Uno de los ejes centrales de la denuncia apunta a la política comercial adoptada desde 2023, con fuerte impulso a la negociación de valores no garantizados, como cheques de pago diferido y pagarés bursátiles que, según el denunciante, crecieron de forma sostenida y llegaron a representar una porción significativa de los ingresos por comisiones.
En este punto, remarca que los directivos no pueden desligarse de lo ocurrido, ya que la normativa vigente en el mercado de capitales establece responsabilidades personales y solidarias sobre el control interno, el cumplimiento regulatorio y la protección de los inversores.
Además, se solicitó que la Justicia investigue posibles vínculos directos entre integrantes del directorio y ciertas operatorias, incluyendo eventuales asesoramientos a clientes en condiciones incompatibles con su rol institucional.
La denuncia también menciona un conjunto de posibles figuras penales en análisis, entre ellas administración fraudulenta, manipulación de mercado, intermediación financiera no autorizada, lavado de activos y asociación ilícita.
El escenario se complejiza en un contexto donde ya existen múltiples reclamos de inversores y proveedores. En el caso de Catalaxia, incluso se denunció la existencia de un correo electrónico con presunto contenido extorsivo como condición para cancelar una deuda, lo que suma tensión a la situación judicial de la entidad.
Con este nuevo avance, la causa amplía su alcance y pone el foco no solo en la operatoria financiera de la Bolsa, sino también en la responsabilidad directa de quienes condujeron su gestión en los últimos años.
