Piden reabrir causa por presunta trata: sus padres la habrían explotado sexualmente
La menor habría sido "drogada" por sus padres y su hermana mayor para luego ser entregada a terceros con fines sexuales. La Cámara Federal revocó actuaciones previas y dispuso nuevas medidas.
La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia resolvió reabrir una investigación por graves delitos de abuso sexual y presunta trata de personas en la provincia del Chaco, en un caso que involucra a un entorno familiar y a integrantes de fuerzas de seguridad.
El tribunal, integrado por los jueces Rocío Alcalá, Enrique Jorge Bosch y Patricia Beatriz García, hizo lugar al recurso de apelación presentado por el Defensor Público de la Víctima, Gustavo Adolfo Vargas, con la adhesión del Ministerio Público Fiscal, y dejó sin efecto el archivo dispuesto en primera instancia.
La causa se inició a fines de 2024 a partir de la denuncia de una tía de la menor, identificada como "M", quien relató hechos ocurridos entre 2015 y 2019. Según la acusación, los padres de la niña, con la colaboración de una hermana mayor, habrían participado en situaciones de abuso y explotación sexual.
De acuerdo con la denuncia, la menor era suministrada con sustancias para luego ser entregada a distintos hombres en viviendas particulares y hoteles. Además, los ataques habrían sido registrados y posteriormente comercializados, lo que refuerza la hipótesis de una posible red de explotación.
Entre los presuntos implicados figuran familiares directos, un ex integrante de la Policía Federal y un efectivo de la Policía provincial, quien habría facilitado contactos con otros agentes. Informes médicos forenses realizados en 2024 detectaron lesiones compatibles con abuso sexual reiterado.
La menor fue separada de su núcleo familiar en 2019 y quedó bajo el cuidado de sus tíos por disposición de organismos de protección. Sin embargo, durante un proceso de revinculación con sus padres, se habrían registrado nuevos episodios de abuso, lo que motivó la interrupción de esa instancia.
Pese a la gravedad de los hechos denunciados, el Juzgado Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña había archivado la causa al considerar que no correspondía al fuero federal.
La Cámara cuestionó esa decisión y advirtió que un cierre prematuro podría comprometer la responsabilidad internacional del país ante organismos de derechos humanos.
Entre las medidas ordenadas, el tribunal dispuso la realización de una nueva Cámara Gesell. Si bien en un primer momento se había rechazado para evitar la revictimización, los jueces destacaron que la adolescente manifestó su voluntad de declarar nuevamente, en el marco de su derecho a ser oída.
"Consideramos que volver a entrevistar a la víctima se enmarca en una "molestia estrictamente imprescindible" a los fines del proceso penal", señalaron los magistrados, citando la Ley de Víctimas.
Con esta decisión, el Juzgado Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña deberá profundizar las líneas de investigación orientadas a la figura de trata de personas, buscando desarticular lo que la denuncia presenta como una compleja red de explotación infantil con ramificaciones en sectores de poder local.
