El Gobierno dará de baja 900 mil planes y los reemplazará por capacitación
Desde abril dejará de pagarse el programa Volver al Trabajo y será sustituido por vouchers para formación laboral.
El Gobierno nacional avanzará desde abril con la eliminación de cerca de 900 mil planes sociales de $78 mil mensuales y los reemplazará por un sistema de vouchers de capacitación laboral, en una medida que marca el cierre definitivo del esquema heredado del programa Potenciar Trabajo.
La decisión forma parte de la estrategia impulsada por el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, y apunta a reformular la política de asistencia social con foco en la formación y la inserción laboral.
El programa Volver al Trabajo, que había reemplazado al Potenciar Trabajo, dejará de abonarse. En su lugar, los beneficiarios podrán optar por inscribirse en un nuevo sistema basado en capacitaciones, con una lógica distinta: el acceso al beneficio estará condicionado a la participación activa en cursos.
Según fuentes oficiales, unas 900 mil personas integran actualmente ese universo. Los titulares ya comenzaron a ser notificados a través de la aplicación Mi Argentina y por correo electrónico sobre la finalización del programa y las alternativas disponibles.
La medida se enmarca en el proceso iniciado al comienzo de la gestión del presidente Javier Milei, cuando se decidió congelar el Potenciar Trabajo, eliminar la intermediación de organizaciones sociales y rediseñar el sistema de asistencia. Aquel programa había superado los 1,3 millones de beneficiarios en los últimos años.
Tras su reformulación, el padrón quedó dividido en dos grupos: por un lado, los 900 mil incluidos en Volver al Trabajo, alcanzados ahora por la baja y, por otro, cerca de 300 mil personas que continuarán bajo esquemas de asistencia más permanente debido a mayores dificultades de inserción laboral.
El nuevo sistema introduce un cambio tanto conceptual como operativo. Los vouchers serán asignados directamente a los beneficiarios, quienes deberán inscribirse en una red federal de centros de capacitación que aún se encuentra en desarrollo. Allí podrán elegir cursos vinculados a las necesidades productivas de cada región.
Desde el Gobierno explicaron que el modelo se apoya en experiencias piloto donde el Estado aporta la infraestructura, mientras que empresas y entidades educativas se encargan de los contenidos y la formación. A diferencia del esquema anterior, los fondos no serán transferidos a organizaciones intermedias, sino directamente a los participantes.
Además, el sistema tendrá requisitos más estrictos: se exigirá asistencia y permanencia en los cursos. En caso de abandono, el beneficiario perderá el acceso y no podrá reinscribirse.
En el oficialismo reconocen que no todos los actuales titulares optarán por continuar dentro del nuevo esquema. Algunos podrían quedar fuera por falta de interés o por ya desempeñarse en la informalidad. No obstante, sostienen que la medida busca transformar el rol del Estado, pasando de un esquema de ingresos generalizados a uno basado en incentivos vinculados a la capacitación.
Desde el punto de vista fiscal, la eliminación de los planes implicaría un ahorro potencial cercano a los $60 mil millones mensuales, aunque el monto final dependerá del nivel de adhesión al nuevo sistema. Parte de esos recursos será destinada a financiar las capacitaciones, mientras que otra se redireccionará hacia políticas educativas.
