Un inversor reclama $ 164 millones y denuncia operaciones sin consentimiento
Un inversor chaqueño inició una demanda millonaria contra la Bolsa de Comercio del Chaco y la Caja de Valores S.A. por la supuesta realización de operatorias con sus inversiones sin su consentimiento. El reclamo asciende a 164 millones de pesos.
La acción judicial denuncia que los fondos del cliente fueron desviados hacia un esquema de alto riesgo sin su autorización. Se trata del denominado Sistema No Garantizado (NOGA), cuya naturaleza real, según la presentación, nunca fue explicada al inversor.
El demandante sostiene que su perfil siempre fue "conservador" y que confiaba en el asesoramiento profesional de la entidad. Sin embargo, terminó registrando una pérdida efectiva de 86 millones de pesos por cheques de pago diferido que nunca se cobraron.
El eje de la acusación es la presunta violación sistemática del Deber de Información (Art. 4 de la Ley 24.240). El denunciante aseguró que los reportes de cartelería y los correos electrónicos que recibía eran técnicamente incomprensibles y que en ningún momento se le advirtió que su dinero estaba "a la deriva", sin las garantías habituales del mercado de valores.
Para la querella, existió un "trato indigno", ya que, ante los reclamos del ahorrista, las entidades habrían respondido con evasivas, intentando normalizar lo que para el demandante constituye una clara mala praxis financiera.
La cifra reclamada de $ 164.000.000 es una estimación inicial que podría incrementarse significativamente tras los peritajes contables y la actualización por tasas de interés moratorias. La demanda también exige que la Justicia aplique daños punitivos para disuadir este tipo de conductas fraudulentas en el sistema financiero local.
Según la presentación, la Bolsa habría facilitado la operatoria de un insolvente y la Caja de Valores habría omitido su deber de control. "Mi mandante nunca prestó consentimiento para que sus fondos fueran afectados a un sistema no garantizado", sostiene el escrito judicial.
Incluso, según menciona el documento, se detalla una violación al deber de información: el inversor recibía reportes técnicos automáticos que resultaban "crípticos" para alguien ajeno al mercado financiero, lo que habría ocultado el riesgo real de que el dinero pudiera perderse ante el incumplimiento de las garantías.
Además del perjuicio ya concretado, el inversor posee otros 117 millones de pesos en cheques vigentes con alto riesgo de incobrabilidad y un pagaré en dólares por un valor equivalente a 127 millones de pesos.
La presentación judicial enfatiza que el afectado no es un experto en finanzas y que la Bolsa habría omitido brindar información clara y veraz sobre el riesgo real de las inversiones. Según el escrito, esta situación también habría afectado a otros particulares e incluso a entidades públicas.
Finalmente, el abogado del demandante solicitó que se declare la responsabilidad solidaria de ambas instituciones y reiteró el pedido de aplicación de multas civiles en concepto de daño punitivo para desalentar este tipo de prácticas en el mercado local.
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