Nación tras la aprobación de la baja de imputabilidad a 14: "es un acto de justicia"
El oficialismo celebró la aprobación de la ley del nuevo régimen penal juvenil. Milei afirmó que la ley "salda una deuda histórica y devuelve a la Justicia las herramientas para darle fin a la impunidad".
El Gobierno nacional celebró la aprobación del nuevo Régimen Penal Juvenil que establece la baja de la edad de imputabilidad a 14 años y calificó la medida como "un acto de justicia hacia la sociedad".
A través de un comunicado difundido por la Oficina del Presidente y firmado por el mandatario Javier Milei, el Ejecutivo sostuvo que "Argentina cierra un capítulo de cuatro décadas de inacción legislativa y actualiza un marco normativo que permanecía desconectado de la realidad criminal del siglo XXI".
Según el texto oficial, la reforma no representa únicamente una modificación normativa, sino un cambio de enfoque frente al delito juvenil. "La baja de la edad de imputabilidad a los 14 años no es solo un cambio legal, sino un acto de justicia hacia la sociedad. A partir de hoy, quien tiene la capacidad de comprender la gravedad de sus actos asume, sin excepciones, la responsabilidad de responder ante la ley. Delito de adulto, pena de adulto", remarca el documento.
En esa línea, el Presidente afirmó que la nueva legislación "salda una deuda histórica y devuelve a la Justicia las herramientas necesarias para terminar con la impunidad y el caos que reinó durante décadas".
Tras la aprobación parlamentaria, Milei también se expresó en sus redes sociales personales, donde destacó la sanción del proyecto con una de las consignas habituales del oficialismo: "El que las hace, las paga".
El nuevo Régimen Penal Juvenil modifica el esquema vigente y establece que los adolescentes de 14 y 15 años podrán ser penalmente responsables en determinados delitos, bajo un marco procesal específico. Desde el oficialismo sostienen que la medida apunta a fortalecer la respuesta del Estado frente a hechos graves cometidos por menores, mientras que sectores opositores y organismos de derechos humanos han manifestado cuestionamientos a la reforma.
