El gerente de la Bolsa de Comercio se presentó ante la Justicia y pidió seguir en libertad
Julio Barrios Cima designó abogado defensor, aseguró que no tiene antecedentes y afirmó que buscará demostrar su inocencia en la causa vinculada al conflicto con el Municipio de Sáenz Peña.
El gerente general de la Bolsa de Comercio del Chaco, Julio Barrios Cima, se presentó de forma espontánea ante la Justicia Federal con el objetivo de "demostrar su inocencia" en el marco de la disputa judicial que la entidad mantiene con la Municipalidad de Sáenz Peña.
La presentación se realizó ante la Fiscalía Federal de Resistencia, a cargo de Patricio Sabadini, donde el directivo solicitó continuar en libertad durante el proceso y designó como abogado defensor a Adrián Maximiliano Gaitán.
La medida se dio tras la denuncia impulsada por el abogado Víctor Ruiz Díaz. En el escrito presentado, Barrios Cima manifestó: "Me presento ante esta fiscalía a los fines de estar a derecho, designando abogado defensor, para que lleve en adelante mi defensa técnica, solicitando se mantenga mi libertad en el proceso, toda vez que soy una persona conocida, tengo domicilio fijo, carezco de antecedentes penales, con lo cual es mi intención poder demostrar mi inocencia".
Asimismo, sostuvo que no tiene "nada para ocultar" y afirmó que sus actuaciones como gerente general de la entidad "siempre han sido en forma legal y honesta, con total diligencia e idoneidad".
La presentación judicial coincidió con el anuncio institucional sobre el depósito de $1.890.691.105,07 para cumplir con una medida cautelar dispuesta por el juez federal Carlos de Césare, en el marco del conflicto con el Municipio de Sáenz Peña.
Desde la Bolsa informaron que el monto fue transferido antes de que el oficio de embargo llegara formalmente a la institución. En un comunicado, aseguraron que el pago no afecta su capacidad financiera ni compromete las tenencias de los inversores.
No obstante, la entidad expresó su desacuerdo con la resolución judicial, a la que calificó como "infundada, arbitraria e injusta", y cuestionó la competencia del magistrado. Además, adelantó que impulsará "todas las acciones y recursos procesales necesarios" para revertir lo que definió como una "irregularidad jurídica manifiesta".
Según la institución, el monto reclamado por el Municipio sería "significativamente superior" a los volúmenes efectivamente operados, lo que —a su entender— derivó en una medida precautoria "excesiva".
