Cebra Phone: Obregón y su pareja fueron elevados a juicio por contrabando y lavado agravado
La investigación detectó un crecimiento patrimonial incompatible con los ingresos declarados y maniobras vinculadas al encubrimiento de contrabando y lavado agravado.
El fiscal federal Patricio Sabadini elevó a juicio oral la causa contra el dueño de Cebra Phone, Braian José Obregón, y su pareja Agostina Antonella Vargas Vispo, acusados de integrar una estructura de lavado de activos a partir de la comercialización de mercadería extranjera ingresada ilegalmente al país.
Ambos están imputados como coautores de encubrimiento de contrabando —valuado en $209.493.079,81— y lavado de activos, delitos agravados por su habitualidad. Según el requerimiento fiscal, habrían blanqueado más de 209 millones de pesos mediante la venta de productos electrónicos sin aval aduanero y la posterior adquisición de bienes registrables, inmuebles, vehículos de alta gama y criptomonedas.
La investigación se inició en 2025 a partir de un informe del Departamento de Delitos Económicos y Financieros de la Policía del Chaco, que alertó sobre el marcado crecimiento patrimonial de Obregón, conocido en el ámbito local por la venta de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos.
De acuerdo con la acusación, el imputado habría comenzado ingresando pequeñas cantidades de celulares desde Paraguay para revenderlos por redes sociales, hasta consolidar un local comercial en Resistencia donde se ofrecían teléfonos, notebooks y accesorios a precios significativamente inferiores al mercado. Los productos podían abonarse en efectivo, transferencias, criptomonedas y plataformas digitales.
Informes solicitados a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y otros organismos permitieron detectar que la pareja posee tres inmuebles —dos en obra o remodelación—, varios vehículos de alta gama, motocicletas, una camioneta 4x4 y una embarcación, además de registrar numerosas operaciones de compra y venta de rodados en los últimos años.
La fiscalía sostuvo que los acusados habrían introducido al circuito formal fondos de origen ilícito mediante la adquisición de propiedades y bienes registrables, además de realizar mejoras edilicias.
También se señalaron "groseras incongruencias" en sus perfiles fiscales y presuntas facturaciones apócrifas para justificar un patrimonio que, según el Ministerio Público Fiscal, resulta incompatible con los ingresos declarados.
Para Sabadini, el nivel de vida y el movimiento económico detectado refuerzan la hipótesis de lavado de activos derivados de maniobras vinculadas al contrabando.
Si bien aún restan peritajes pendientes, el fiscal consideró que la causa cuenta con elementos probatorios suficientes para avanzar a la etapa de juicio oral.
