Senado dictaminó la baja de imputabilidad y la debatirá en sesión
El oficialismo reunió las firmas en comisión para avanzar con el nuevo Régimen Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad a 14 años y prevé penas de hasta 15 años para delitos graves; buscarán convertirlo en ley la próxima semana.
El Senado avanzó este jueves con el proyecto de nuevo Régimen Penal Juvenil al emitir dictamen favorable en un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, y de Presupuesto y Hacienda.
La iniciativa, que propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, quedó así en condiciones de ser tratada en el recinto la próxima semana, en una sesión extraordinaria que aún no fue convocada formalmente.
El oficialismo logró reunir las firmas necesarias para el despacho de mayoría y confía en convertir en ley el texto que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. El eje central de la reforma es la modificación del régimen vigente desde 1980, con el objetivo —según sus impulsores— de adecuarlo a estándares constitucionales y a la realidad actual.
Durante la reunión también se formalizaron cambios en la conducción de las comisiones. El senador riojano Juan Carlos Pagotto dejó la presidencia de Justicia tras asumir la titularidad de la comisión de Acuerdos, en cumplimiento del reglamento que impide encabezar dos comisiones.
En su lugar fue designado el salteño Gonzalo Guzmán Coraita, mientras que Presupuesto continúa bajo la conducción del jujeño Ezequiel Atauche. El proyecto establece una pena máxima de hasta 15 años de prisión para delitos graves cometidos por menores, como homicidios, robos agravados, abusos sexuales o secuestros.
Para hechos con escalas penales menores a 10 años, prevé sanciones alternativas como amonestaciones, restricciones de acercamiento, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación del daño y prohibición de concurrir a determinados lugares, entre otras medidas.
Además, contempla la creación de institutos especializados para adolescentes, con acceso garantizado a educación, atención médica y tratamiento de adicciones, sin convivencia con detenidos adultos y con personal capacitado en infancia y adolescencia.
También habilita la suspensión del proceso a prueba y la mediación penal juvenil en casos leves, con consentimiento expreso de la víctima, cuyos derechos son reconocidos formalmente dentro del proceso.
En el debate, Guzmán Coraita defendió la actualización del régimen al señalar que la normativa actual data de 1980. Desde la oposición, la senadora Juliana di Tullio cuestionó la organización del plenario y la convocatoria de invitados, apuntando contra la presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich. El titular de la comisión intentó restar dramatismo a la polémica al señalar que las decisiones se tomaron "a último momento".
La jornada estuvo marcada por testimonios de familiares de víctimas de delitos cometidos por menores. Entre ellos, Laura Fernández, madre de una joven asesinada en 2022 en Lomas de Zamora, y Nicolás Sabo, hijo del quiosquero Roberto Sabo, asesinado en 2021, quienes reclamaron cambios en el sistema penal juvenil y cuestionaron la actual legislación.
Con el respaldo del oficialismo y bloques dialoguistas, el dictamen quedó listo para su tratamiento en el recinto. El jefe del bloque radical, Eduardo Vischi, anticipó el acompañamiento de su bancada y criticó al kirchnerismo por mantener, según expresó, una postura "muy garantista".
Desde el oficialismo insistieron en que la reforma apunta a terminar con la impunidad y a modernizar un sistema heredado de la última dictadura militar.
