Desde el ejercicio independiente de la abogacía penal
Por la abogada Adriana G. De Langhe, MP. 6845.
Como abogada litigante del fuero penal, no puedo permanecer ajena —ni en silencio— frente a la situación de público conocimiento vinculada a la demora en la designación de fiscales en la ciudad de Sáenz Peña, una problemática que no solo afecta el normal funcionamiento del sistema judicial, sino que impacta de manera directa y concreta en los derechos y garantías constitucionales de la ciudadanía.
Quienes ejercemos la defensa penal sabemos, por experiencia cotidiana, que la ausencia de fiscales titulares no es un dato meramente administrativo ni una discusión institucional abstracta. Es una realidad que se traduce en causas paralizadas, investigaciones inconclusas, dilaciones indebidas, vencimiento de plazos procesales y un grave deterioro del derecho a obtener una respuesta judicial en tiempo razonable, tanto para las personas investigadas como para las víctimas.
En este contexto, resulta particularmente preocupante el silencio del gremio profesional, que por mandato ético e institucional debería bregar activamente para que estas situaciones no se perpetúen. La abogacía organizada no puede limitar su rol a la mera observación de la crisis: tiene la responsabilidad de interpelar, exigir y acompañar los reclamos que garanticen un sistema de justicia operativo, eficiente y respetuoso de la Constitución.
Como profesionales independientes, quienes litigamos día a día en el fuero penal somos quienes debemos dar explicaciones a la ciudadanía cuando el sistema falla. Somos quienes enfrentamos el legítimo reclamo de personas sometidas a investigación penal que ven prolongada su situación de incertidumbre jurídica, con afectación directa a principios básicos como la legalidad, el debido proceso, la defensa en juicio y la duración razonable del proceso.
No se trata de una defensa sectorial ni de una discusión corporativa. Se trata de comprender que sin fiscales designados, el engranaje de la justicia penal se resiente, se vulneran garantías constitucionales y se profundiza la desconfianza social en las instituciones. Ningún sistema puede funcionar correctamente cuando carece de actores esenciales para cumplir su rol.
Por ello, como abogada y como ciudadana, considero necesario alzar la voz desde el ejercicio profesional independiente para advertir que estas demoras no son neutras ni inocuas: generan perjuicios concretos, erosionan derechos fundamentales y colocan a quienes intervenimos en el proceso penal en una situación de extrema dificultad para cumplir con nuestra función.
El reclamo por la pronta designación de fiscales no es solo legítimo: es urgente, necesario y constitucionalmente impostergable.
Por la abogada Adriana G. De Langhe, MP. 6845.
