Vargas impulsa un organismo para asistir a víctimas de falsas denuncias en Chaco
El diputado presentó un proyecto para brindar contención legal y social a personas afectadas por acusaciones infundadas.
"Las falsas denuncias no distinguen género, ideología ni condición social, pero sí dejan consecuencias profundas en la vida de quienes las padecen" en ese contexto, el diputado provincial Samuel Vargas avanza con un proyecto de ley que propone la creación de un organismo específico para asistir, asesorar y contener a las víctimas de este tipo de acusaciones.
La iniciativa busca conformar un espacio institucional donde las personas afectadas puedan acudir en busca de acompañamiento jurídico, psicológico y social, tanto en casos difundidos en redes sociales como en procesos judiciales formales.
"Las falsas denuncias vienen creciendo de manera alarmante en Argentina y muchas veces se utilizan como herramientas de presión, extorsión, venganza sentimental o disputas por la tenencia de los hijos", sostuvo el legislador.
Durante una reciente reunión, Vargas recibió a Lucía Palacio, Delia Alarcón y Ángel Cabral, quienes presentaron un anteproyecto que servirá como base para el desarrollo de la propuesta legislativa, con el objetivo de que pueda convertirse en ley.
El diputado advirtió que ser víctima de una denuncia falsa "es un hecho de extrema gravedad" y detalló sus consecuencias: detenciones injustas, ruptura de vínculos familiares, daño psicológico, estigmatización social, pérdida laboral y destrucción de proyectos personales.
Actualmente, el artículo 245 del Código Penal establece penas de entre dos meses y un año de prisión o multas para quienes denuncien falsamente. Sin embargo, a nivel nacional se analizan reformas impulsadas por el ministro Mariano Cúneo Libarona, que contemplan sanciones más severas, especialmente en casos vinculados a violencia de género o delitos sexuales.
"Si una persona que sufre violencia real puede acudir a la Justicia, ¿dónde encuentra amparo quien es víctima de una denuncia falsa?", planteó Vargas, al remarcar que muchas veces los afectados reciben primero una condena social inmediata.
Según explicó, aun cuando la falsedad se demuestra, el daño moral y social rara vez se repara por completo, generando marcas que persisten de por vida. En muchos casos, además, los denunciantes no reciben sanciones, lo que profundiza la sensación de injusticia.
En Chaco, algunos casos reflejaron con crudeza esta problemática. Uno de los más resonantes fue el de Enzo Pitau, padre y futbolista que, tras atravesar denuncias falsas, no logró recomponer el vínculo con su hija y falleció sin obtener justicia, dejando en evidencia la vulnerabilidad de los niños en este tipo de conflictos.
Desde el espacio legislativo que impulsa el proyecto señalaron que el objetivo es garantizar un ámbito de escucha y defensa para todas las personas afectadas, entendiendo que estos conflictos suelen darse dentro del ámbito familiar y están atravesados por factores económicos, emocionales y legales.
"Las falsas denuncias destruyen vidas, generan sufrimiento diario, toman a los niños como rehenes, dividen empresas y desintegran familias", concluyó Vargas.
