La abogada argentina retenida en Río dejó su departamento: "Me quieren matar aquí"
Agostina Páez enfrenta cargos por injuria racial y debe colocarse una tobillera electrónica. La joven abandonó el lugar donde residía luego de que tres personas ingresaran sorpresivamente y expresara temor por su seguridad.

Un nuevo episodio de tensión se registró en el caso de Agostina Páez, la abogada e influencer argentina que permanece retenida en Brasil mientras es investigada por injuria racial en la ciudad de Río de Janeiro. En las últimas horas, la joven abandonó el departamento que ocupaba tras un confuso incidente que generó temor por su integridad física.
Según informaron medios brasileños y el entorno de Páez, tres personas ingresaron de manera sorpresiva a la vivienda donde residía. De acuerdo a lo relatado por su abogado defensor, Sebastián Robles, los individuos manifestaron ser policías, aunque la situación "resultó confusa" y provocó pánico en la joven. Tras el hecho, los encargados del edificio le recomendaron abandonar el lugar por razones de seguridad.
"El nivel de angustia es muy alto. ‘Papi, me quieren matar aquí’, me dijo", relató su padre, Mariano Páez, al medio El Liberal, al confirmar el estado de conmoción que atraviesa su hija.
En paralelo, la Justicia brasileña le impuso a Páez la colocación de una tobillera electrónica en un plazo de cinco días, medida que busca evitar que abandone el país mientras avanza la investigación. Según publicó el diario O Globo, hasta el momento la joven no cumplió con esa disposición.

El detective Diego Salarini, jefe de la Comisaría 11 de Río de Janeiro, confirmó que la investigación se encuentra en su etapa final y que las pruebas serán elevadas al Ministerio Público en los próximos días. También se prevé tomar nuevas declaraciones a la presunta víctima y a testigos, entre ellos el gerente del local nocturno donde se originó el conflicto.
El caso se inició tras un incidente ocurrido el 14 de enero en un boliche de la zona sur de Río de Janeiro. De acuerdo al expediente, las cámaras de seguridad habrían registrado gestos y expresiones consideradas discriminatorias, lo que derivó en la acusación de injuria racial, un delito que en Brasil está equiparado al racismo y prevé penas de entre dos y cinco años de prisión, sin posibilidad de excarcelación bajo fianza.
La defensa anunció que solicitará el secuestro de las imágenes completas del hecho y adelantó la presentación de un habeas corpus para permitir el regreso de Páez a la Argentina. Además, denunciaron amenazas recibidas a través de redes sociales.
La joven recibió asistencia del Consulado argentino en Río de Janeiro, aunque desde el organismo aclararon que no pueden intervenir en el proceso judicial. La causa está bajo la supervisión del juez Orlando Eliazaro Feitosa, del Tribunal de Justicia de la capital carioca.
