Cesantía en Salud: despidieron a una agente del hospital por abandono de servicio
La trabajadora no regresó a sus funciones tras finalizar su licencia anual y presentó certificados médicos fuera de término que no fueron avalados. La medida fue dispuesta por decreto del gobernador.
El Gobierno del Chaco dispuso la cesantía de una empleada del Ministerio de Salud por abandono de servicio e inasistencias injustificadas en el Hospital "La Hermandad Argentina–Paraguaya" de la localidad de Las Palmas. La sanción fue oficializada mediante un decreto firmado por el gobernador, tras un extenso proceso administrativo.
Según consta en el expediente, la situación se originó a partir de un informe elevado el 3 de abril de 2024 por la directora del hospital, en el que se advirtió que la agente V.R.T., personal de planta permanente, no retomó sus funciones luego de finalizar su licencia anual correspondiente a 2023. Posteriormente, la trabajadora presentó certificados médicos fuera de los plazos reglamentarios, los cuales no fueron validados por la Dirección de Salud Ocupacional.
Además, se dejó constancia de que la agente habría manifestado su intención de no reincorporarse al servicio para iniciar trámites jubilatorios en la provincia de Corrientes, donde reside, sin realizar las gestiones formales exigidas por la normativa vigente.
Ante estos antecedentes, en septiembre de 2024 se ordenó la apertura de una Información Sumaria y se dispuso la interrupción del pago de haberes desde el 9 de febrero del mismo año. En su descargo, la trabajadora alegó padecer un cuadro de depresión grave, aunque no logró acreditar que hubiera solicitado en tiempo y forma la correspondiente licencia médica ni comunicado oficialmente su situación. Los certificados aportados eran de carácter particular y carecían de validación sanitaria oficial.
Concluido el sumario disciplinario, se formularon cargos por inasistencias injustificadas desde el 26 de marzo de 2024 y se configuró la falta de abandono de servicio a partir del 4 de abril. La Dirección de Sumarios consideró probada la inconducta y elevó las actuaciones a la Asesoría General de Gobierno, que avaló el procedimiento y recomendó la sanción expulsiva.
Finalmente, el Poder Ejecutivo resolvió aplicar la cesantía por transgresión al Estatuto del Empleado Público, al Régimen Disciplinario y a la Ley de Licencias y Permisos, ordenando además la publicación sintetizada de la medida en el Boletín Oficial.
