El gobierno ordenó el refuerzo en el control del gasto público y bonificaciones
A través de una circular, el Ministerio de Hacienda instruyó a las áreas del Ejecutivo a limitar erogaciones en personal y revisar adicionales salariales. La medida no elimina estos adicionales, sino que establece criterios estrictos ligados a la disponibilidad presupuestaria.
El Poder Ejecutivo dispuso nuevas medidas de austeridad para el manejo del gasto público y ordenó frenar la aplicación de nuevas bonificaciones o adicionales salariales que no cuenten con respaldo técnico y disponibilidad financiera. La medida fue formalizada mediante la Circular N° 01/2026 del Ministerio de Hacienda y Finanzas.
El documento, instruyó a todas las jurisdicciones, entes autárquicos y organismos descentralizados del Poder Ejecutivo a abstenerse de disponer, comprometer o ejecutar gastos vinculados a bonificaciones o adicionales que no tengan garantizados los recursos necesarios para su pago.
Según se sabe, la decisión se enmarcó en criterios de responsabilidad fiscal y eficiencia en el uso de los fondos públicos, con el objetivo de evitar la asunción de compromisos salariales que puedan afectar el equilibrio del presupuesto provincial vigente.
Uno de los puntos centrales de la circular aclaró que "la existencia de bonificaciones previstas en normativas vigentes no implica un derecho automático a su percepción. A partir de esta disposición, la liquidación de esos conceptos quedará supeditada a la disponibilidad de recursos y a las prioridades que establezca la política financiera del Estado provincial".
Asimismo, el Ministerio de Hacienda advirtió que aquellos beneficios cuya implementación no resulte viable por razones financieras deberán ser diferidos. La medida no implica la derogación de las bonificaciones, pero sí la postergación de su pago hasta que se registre una mejora en la situación económico-financiera de la provincia.
Desde el Ejecutivo señalaron que la finalidad de la medida es "garantizar una administración prudente y transparente de los recursos públicos y unificar criterios de actuación en todo el ámbito estatal, en un contexto de control del déficit y manejo racional del gasto público".
