Eran 80 los docentes irregulares: Herlein sostuvo que "se hizo justicia"

La Cámara de Apelaciones Multifueros revocó el fallo del Juzgado Civil y Comercial Nº 21 y rechazó el amparo presentado por la Fundación Valdocco, que obligaba al Estado chaqueño a regularizar pagos y sostener el funcionamiento de la institución. De esta manera, quedó sin efecto la orden judicial que disponía el pago de salarios a presuntos docentes que se encontraban en situación irregular.

Tras conocerse la resolución, Diario TAG dialogó este martes con el fiscal de Estado, Roberto Alejandro Herlein, quien explicó que la sentencia "revoca la decisión del juez Julián Flores que ordenaba a la provincia mantener el funcionamiento de la Fundación Valdocco y el pago de los sueldos de los docentes".

En ese sentido, remarcó que el fallo representa "una ratificación del accionar estatal a través de la ministra de Educación", al convalidar la legalidad de las resoluciones administrativas que dispusieron la clausura del establecimiento y la suspensión de los pagos, en virtud de las múltiples irregularidades detectadas.

Herlein detalló que la Cámara valoró que el Estado chaqueño intimó en reiteradas oportunidades a la fundación para que presentara documentación que acreditara la regularidad de su funcionamiento, algo que no ocurrió. "Cualquier institución educativa debe cumplir requisitos formales, administrativos y legales que en este caso no se cumplieron", señaló.

Otro de los puntos centrales de la sentencia fue el resguardo de los derechos de los niños que formaban parte del proyecto educativo. "La resolución no se enfocó solo en lo educativo, sino también en la protección integral de los menores, garantizando su continuidad escolar", sostuvo el fiscal.

Asimismo, destacó que la Cámara corrigió el encuadre jurídico planteado en primera instancia, al descartar que se tratara de un amparo colectivo vinculado a la comunidad Wichí. "No existía un conflicto colectivo, sino una disputa individual entre una institución privada y el Estado provincial. La fundación no estaba legitimada para representar a la comunidad", explicó.

Consultado sobre el impacto inmediato del fallo, Herlein fue categórico: "Hoy la provincia no está obligada a nada. No debe abonar salarios ni sostener el funcionamiento de la fundación, y se encuentran plenamente vigentes los actos dictados por la ministra de Educación".

Según precisó, alrededor de 80 docentes se encontraban en situación irregular, mientras que la documentación presentada por la fundación solo alcanzó a siete personas, y de manera incompleta. "Eso confirma la gravedad de las irregularidades que veníamos señalando", afirmó.

Finalmente, recordó que el caso derivó en una denuncia penal impulsada por el Ministerio de Educación por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos, investigación que continúa en curso y que también fue considerada por la Cámara al momento de dictar sentencia.

"Creemos que es un fallo muy sólido, que analizó de manera minuciosa todas las pruebas aportadas. Desde mi óptica, se hizo justicia", concluyó Herlein.

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