Fuerte rechazo de la oposición a los cambios en el Sistema de Inteligencia
El Gobierno nacional salió a defender el DNU 941/25 que reforma el sistema de inteligencia y amplía las funciones de la SIDE, en medio de fuertes cuestionamientos de la oposición. Desde la Casa Rosada sostuvieron que la iniciativa busca "ordenar, modernizar y eliminar superposiciones", aunque generó un amplio debate político por el mayor nivel de centralización que introduce.
Según el Ejecutivo, la reforma apunta a adecuar el sistema a los "estándares democráticos" y a los desafíos actuales, con un esquema más profesional y eficiente. En ese marco, se presentó como una "reforma de segunda generación" que redefine roles, limita funciones y establece controles más claros sobre la actividad de inteligencia.
A esto se suma la Comunidad Informativa, que reunirá a organismos estatales que aportan datos relevantes sin realizar tareas de inteligencia propiamente dichas.
El DNU también establece una separación entre ciberseguridad y ciberinteligencia. La protección de sistemas y redes quedará bajo la órbita del Centro Nacional de Ciberseguridad, mientras que la ciberinteligencia se enfocará en la obtención de información estratégica en el entorno digital, con el objetivo de facilitar la cooperación internacional.
Otro punto clave es la redefinición de la Agencia de Seguridad Nacional, que pasará a concentrarse exclusivamente en tareas de contrainteligencia, como la prevención del espionaje y las injerencias externas. La investigación criminal, en tanto, continuará siendo competencia de las fuerzas de seguridad.
En el área de defensa, la reforma dispone la disolución de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar y concentra esa función en el Estado Mayor Conjunto, buscando unificar criterios y evitar superposiciones. Este aspecto despertó críticas de exfuncionarios y referentes opositores, que advierten sobre una posible concentración excesiva de poder.
REPERCUSIONES
Las repercusiones políticas no tardaron en aparecer. Dirigentes del kirchnerismo y de otros bloques opositores cuestionaron el alcance del DNU y alertaron sobre riesgos de avance sobre derechos y controles civiles.
El abogado Miguel Ángel Toma, exsecretario de Inteligencia del Estado durante el gobierno de Duhalde y vinculado al peronismo, calificó como ineficiente y burocrático y lanzó una definición tajante: "Los cambios en la SIDE son un mamarracho" sobre las modificaciones en la Inteligencia nacional.
Además, los bloques opositores de Unión por la Patria, de Provincias Unidas y de la Izquierda rechazaron de plano el DNU. Incluso, el diputado de Fuerza Patria y exministro de Defensa, Jorge Taiana, alertó que el resultado de la implementación de ese decreto tendrá como consecuencia un "Estado policial que recortará varios derechos y perseguirá y controlará a opositores".
Leopoldo Moreau planteó sobre los cambios en inteligencia: "Pasa descaradamente por encima de las facultades del Congreso. Obliga a toda la administración nacional y provincial a transformarse en delatores de la oposición política. Es un claro retroceso democrático".
