El Gobierno disolvió la ANDIS y traspasó sus funciones al Ministerio de Salud
La Agencia Nacional de Discapacidad dejará de existir como organismo autónomo y pasará a funcionar como secretaría. Aseguran que no habrá recortes en pensiones ni prestaciones.
El Gobierno nacional anunció que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejará de funcionar como organismo descentralizado y será absorbida por el Ministerio de Salud, en el marco de una reestructuración administrativa que, según aseguraron, no implicará recortes en pensiones ni en prestaciones vinculadas a la discapacidad.
El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada, donde confirmó que la actual agencia se transformará en una secretaría dentro de la cartera que conduce Mario Lugones. En ese esquema, Alejandro Vilches, actual interventor de la ANDIS, quedará a cargo del área.
"La Agencia Nacional de Discapacidad, tal como la conocemos, dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud", afirmó Adorni, quien remarcó de manera reiterada que la medida "no implica el corte de absolutamente ninguna prestación".
Según explicó el funcionario, la ANDIS fue creada en 2017 como un organismo autónomo con el objetivo de coordinar políticas públicas en materia de discapacidad, pero sostuvo que esa autonomía derivó en "capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente". En ese sentido, enumeró una serie de irregularidades detectadas, entre ellas el cobro de pensiones por parte de familiares de personas fallecidas, beneficios otorgados sin documentación respaldatoria, médicos que avalaban trámites sin sustento clínico y organizaciones que facturaban servicios que no prestaban.
Entre los casos mencionados, Adorni citó a la Fundación METAS, que declaraba brindar apoyo escolar, pero que durante una inspección presentaba condiciones precarias, sin servicios básicos y con signos de abandono.
Con el traspaso al Ministerio de Salud, el Gobierno asegura que las políticas de discapacidad se administrarán bajo criterios sanitarios unificados, con mayores controles, auditorías permanentes y trazabilidad de los expedientes. Además, se eliminarán 16 cargos políticos, lo que representa una reducción del 45,7% de la estructura jerárquica.
Desde el Ejecutivo insistieron en que la medida apunta a "ordenar el sistema", transparentar el uso de los recursos públicos y fortalecer la atención a las personas con discapacidad y sus familias. "Esta transformación no implica una reducción de derechos ni un recorte de prestaciones", reiteraron fuentes del Ministerio de Salud.
La decisión se venía analizando desde hace meses y se acelera tras una auditoría interna impulsada luego de la difusión de audios que expusieron presuntas irregularidades en la gestión del organismo. De acuerdo a datos preliminares, se detectaron 178 mil beneficiarios del Certificado Único de Discapacidad (CUD) fallecidos que aún figuraban como activos, información que fue contrastada con las bases del RENAPER.
Tras ese hallazgo, Vilches inició un proceso de revisión y habilitó la baja de los certificados observados. Además, se analiza avanzar en acciones judiciales contra quienes habrían participado en maniobras irregulares. "Es lisa y llanamente una estafa al Estado", señalaron fuentes oficiales vinculadas a la investigación.
