La causa por el robo de cocaína avanza y los policías acusados no volverán a la fuerza
Mientras la Justicia Federal define la prisión preventiva por el robo de 9 kilos de cocaína, el Órgano de Control Institucional avanza con un sumario interno que podría derivar en cesantías definitivas.
La investigación federal por el robo y presunta comercialización de nueve kilos de cocaína mantiene bajo la lupa a siete efectivos de la Policía del Chaco, acusados de delitos agravados por su condición de funcionarios públicos. Aunque los plazos de la prisión preventiva están acotados por el nuevo Código Procesal Penal Federal, desde el ámbito administrativo ya anticipan que, aun si alguno recupera la libertad, no volverá a integrar la fuerza.
Los imputados son los cabos Néstor Ariel Urne Canteros y Gustavo Andrés Quizama; el oficial principal Lucas Exequiel Martínez; el cabo primero Juan Nicolás Almirón Núñez; el sargento Gustavo Jesús Acosta; el comisario Rubén Héctor César Alegre; y el subcomisario Andrés Franco Ramírez. Todos enfrentan cargos por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada, participación de tres o más personas y peculado agravado.
En paralelo a la causa judicial, el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Policía del Chaco avanza con un sumario administrativo propio. Según explicó su titular a Diario TAG , Ricardo Urturi, ya se analizan los libros de novedades del polígono de tiro de Colonia Benítez, donde se produjo el hecho, y las filmaciones obtenidas por drones durante el operativo.
No obstante, el avance del sumario está condicionado por el nuevo sistema procesal: el acceso al expediente penal y a pruebas clave, como las pericias a los teléfonos celulares de los detenidos, depende exclusivamente de la autorización del Ministerio Público Fiscal Federal, a cargo del fiscal Patricio Sabadini. A esto se suma que el informe oficial del procedimiento realizado por Gendarmería Nacional, fuerza que intervino en el secuestro de la droga, aún no fue incorporado formalmente a la Policía chaqueña.
Urturi aclaró que la investigación administrativa está circunscripta exclusivamente a los siete detenidos y desestimó interpretaciones que intentan extender responsabilidades a otros sectores de la fuerza. "La acusación es clara y concreta. Hubo reorganizaciones internas lógicas, pero la causa involucra puntualmente a estas personas", señaló.
Los plazos judiciales y el sumario interno
La Justicia Federal fijó inicialmente 100 días de prisión preventiva para los acusados, medida que fue apelada por las defensas y ahora será revisada en una audiencia oral. Más allá de lo que se resuelva en ese plano, el sumario interno del OCI tiene un plazo propio de 30 días hábiles, que comenzará a correr formalmente tras la feria judicial.
Desde el organismo de control sostienen que la falta disciplinaria ya está acreditada, aunque aguardan profundizar responsabilidades individuales una vez que accedan al expediente penal. "No es lo mismo determinar un rol de liderazgo dentro de una organización criminal que un error grave en la cadena de custodia", explicaron fuentes del OCI.
El caso se desencadenó cuando, durante un procedimiento de destrucción de droga, un efectivo fue observado retirando un "ladrillo" de cocaína y ocultándolo en una camioneta. Posteriormente, una requisa ordenada a Gendarmería permitió hallar otros paquetes escondidos en el vehículo y en mochilas, totalizando nueve kilos de estupefacientes.
Actualmente, los siete policías permanecen apartados preventivamente de la fuerza, con retención de haberes y de sus armas reglamentarias. Desde el OCI fueron categóricos: aun en el escenario de que alguno recupere la libertad durante el proceso, no será reincorporado ni cobrará su salario hasta que la causa judicial tenga una resolución definitiva.
Incluso, no se descarta que el organismo avance antes con sanciones administrativas severas, como la cesantía, dado que la normativa vigente lo habilita a cerrar el sumario sin esperar una condena penal. "Lo único que no podemos hacer es sobreseer a alguien mientras la causa judicial esté abierta", remarcó Urturi.
Con el nuevo Código Procesal Penal Federal, los tiempos se acortan y todo indica que el juicio podría realizarse durante 2026. En paralelo, la Policía del Chaco podría definir las sanciones internas en un plazo mucho menor, dando respuesta a un caso que generó fuerte impacto institucional y social.
