La trama de los Piqueteros VIP: de una denuncia anónima a la detención y los embargos
Una investigación por presunto lavado de activos expuso a reconocidos dirigentes piqueteros, quienes habrían desviado fondos públicos destinados a fines sociales para forjar un patrimonio personal millonario. Los involucrados son Marcos Cáceres, Lucas Torales, Juan Carlos Rolón y Diego Rolón, esta investigación desentrañó un complejo esquema de corrupción.
EL ORIGEN: UNA DENUNCIA ANÓNIMA
La causa contra Marcos Cáceres, Juan Carlos Rolón y Diego Rolón se inició gracias a una denuncia anónima presentada en un sobre de papel madera, deslizado bajo la puerta de la Fiscalía Federal de Patricio Sabadini, según las palabras del propio fiscal.
En paralelo, la investigación contra Lucas Torales se originó por su "ostentación patrimonial", un estilo de vida que incluía numerosos viajes al exterior y la compra de un inmueble para su pareja, hechos que levantaron sospechas inmediatas.
La acusación federal los señala por orquestar un desvío sistemático: habrían introducido fondos de origen ilícito, presuntamente obtenidos a través de fraude a la administración pública provincial, en el circuito legal. Esta maniobra les permitió generar un incremento patrimonial desproporcionado que no guardaba ninguna correspondencia con sus perfiles económicos y fiscales declarados.
El modus operandi investigado por la fiscalía se basaba en una red de fundaciones y cooperativas que funcionaban como "pantalla" para recibir y blanquear dinero del Estado. Estas organizaciones, formalmente constituidas para fines sociales, eran en realidad el vehículo para el enriquecimiento personal de los dirigentes.
El rol del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP) fue central en este esquema. El IAFEP, organismo creado para sostener la economía popular. El IAFEP fue el principal emisor de los fondos públicos, entregó sumas millonarias a las organizaciones de los implicados para la ejecución de programas sociales, como la construcción de viviendas, veredas, saneamiento ambiental y convenios de limpieza.
Solo las organizaciones lideradas por Marcos Cáceres recibieron más de $220 millones entre 2022 y 2023. De ese monto, el 93% provino directamente del IAFEP.
Los investigadores descubrieron un patrón de fraude: las obras a menudo no se realizaban, se simulaban con fotografías falsificadas, quedaban incompletas o se ejecutaban con una calidad muy inferior a la estipulada. Una vez acreditados los fondos, se realizaban extracciones de efectivo por casi la totalidad del dinero recibido.
DETENCIONES Y ALLANAMIENTOS
El martes 1 de abril de 2025, hubo 22 allanamientos coordinados, la Policía del Chaco detuvo a los cuatro principales implicados: Marcos Cáceres, Lucas Torales, Juan Carlos Rolón y Diego Rolón. Los allanamientos resultaron en el secuestro de más de 30 vehículos, múltiples propiedades de lujo, y grandes sumas de dinero en efectivo; solo en el domicilio de Cáceres se encontraron más de $9.3 millones.
DECLARACIONES
Tras las detenciones, los acusados fueron citados a prestar declaración indagatoria. De los cuatro, solo Diego Rolón decidió hablar. En su testimonio, intentó justificar su patrimonio con argumentos endebles, afirmando haber construido una piscina usando "sobrantes de obras" y "canastos de soda de hierro" como cimientos, y que su padre había comprado ganado con dinero obtenido de la recolección y venta de cartón. Los otros tres implicados, Marcos Cáceres, Lucas Torales y Juan Carlos Rolón, se abstuvieron de declarar.
EMBARGOS
El 23 de abril de 2025, el Juzgado Federal N° 1 de Resistencia, a cargo de la jueza Zunilda Niremperger, emitió una resolución decisiva. La magistrada dictó el procesamiento con prisión preventiva para los cuatro dirigentes, considerando que existían pruebas suficientes para sostener la acusación de lavado de activos agravado.
Como consecuencia inmediata, Marcos Cáceres, Lucas Torales, Juan Carlos Rolón y Diego Rolón fueron trasladados a la Unidad Penitenciaria Federal U7 para cumplir la detención.
Hubo embargos por cientos de millones de pesos sobre los bienes de los acusados, su entorno familiar y las propias fundaciones. A modo de ejemplo, el embargo sobre los bienes de Diego Rolón alcanzó la suma de casi $400 millones de pesos.
Entre agosto y septiembre de 2025, el fiscal federal Patricio Sabadini consideró que la etapa de instrucción estaba completa y solicitó formalmente la elevación a juicio oral para Marcos Cáceres, Lucas Torales y Diego Rolón, junto a sus respectivos familiares implicados como testaferros. Este requerimiento significó que la fiscalía había reunido todas las pruebas necesarias para llevar el caso ante un tribunal.
DE LA CORRUPCIÓN AL SERVICIO PÚBLICO
Mientras la causa judicial seguía su curso, el Gobierno provincial tomó una decisión simbólica. En octubre de 2025, el gobernador Leandro Zdero anunció el nuevo destino que tendrían seis de las propiedades de lujo recuperadas, transformando emblemas de la presunta corrupción en bienes al servicio de la comunidad.
El nuevo uso de los inmuebles fue detallado de la siguiente manera:
● Quincho "Las 4 Hermanas" (de Diego Rolón): Futura Comisaría 15 para la Zona Sur de Resistencia.
● Propiedad de la Fundación Soplando Vidas: Base para los bomberos de la División Zona Sur.
● Quincho "La Ilusión" (de Marcos Cáceres): Sede de la Oficina de Delitos Económicos de la policía.
● Galpón de la Cooperativa Central Progreso: Futuro depósito judicial.
● Otro inmueble recuperado: Será destinado al departamento de logística del Servicio Penitenciario Provincial.
Ahora, se aguarda que el tribunal fije la fecha para el juicio oral, para que finalmente se determine la responsabilidad penal de todos los implicados. Mientras tanto, a pocos días de terminar el año, el Tribunal Oral Federal le otorgó el arresto domiciliario a Diego Rolón después de evaluar una situación de vulnerabilidad que atraviesan sus cuatro hijas, dispuso también que haya control y acompañamiento institucional.
