Chaco promulgó la Ley que obliga a realizar exámenes toxicológicos a funcionarios
La norma alcanza a cargos jerárquicos de los tres poderes del Estado y fija controles anuales obligatorios.
El Gobierno del Chaco oficializó este jueves la promulgación de la Ley Nº 4.197-G, que establece la obligatoriedad de realizar exámenes toxicológicos para funcionarios con rango político o jerárquico de los tres poderes del Estado. La medida quedó formalizada mediante el decreto correspondiente, tras constatar que no existían observaciones constitucionales o administrativas pendientes.
La nueva normativa exige la implementación de un sistema de controles destinado a verificar la ausencia de sustancias psicoactivas ilegales en el organismo de los funcionarios mientras ejerzan sus cargos. El listado incluye al gobernador, vicegobernador, ministros, secretarios, subsecretarios y autoridades de entes autárquicos y descentralizados. También alcanza a legisladores provinciales, magistrados, fiscales, defensores, asesores, autoridades de organismos constitucionales y, además, a intendentes y concejales de los municipios.
Los análisis deberán realizarse dentro de los dos meses posteriores a la entrada en vigencia de la ley y renovarse con una periodicidad anual mientras dure la función pública. En caso de detectarse metabolitos de sustancias ilícitas, cada poder del Estado deberá activar los mecanismos administrativos correspondientes para evaluar licencias, suspensiones o medidas previstas en la normativa vigente, garantizando siempre los derechos del funcionario implicado.
El Laboratorio Central de la Provincia y el Instituto de Medicina y Ciencias Forenses del Poder Judicial fueron designados como organismos oficiales encargados de realizar los estudios. Los funcionarios incluidos en la ley deberán afrontar el costo individual de los exámenes, pudiendo ejercer su derecho a impugnar los resultados conforme a los procedimientos procesales vigentes.
La normativa también faculta a las máximas autoridades de cada poder a dictar las resoluciones necesarias para su implementación y invita a los municipios a adherir al sistema de controles toxicológicos.
Con esta promulgación, la provincia avanza en un marco regulatorio que busca reforzar estándares de transparencia y responsabilidad en el ejercicio de la función pública.
