La Corte Suprema convocó a la jueza Rocio Alcalá para evaluar un posible femicidio
La Corte Suprema de Justicia de la Nación incorporó a la jueza chaqueña Rocío Alcalá y al magistrado mendocino Gustavo Castiñeira como conjueces para intervenir en la causa por el crimen de Julieta González, ocurrido en Mendoza en 2016. El máximo tribunal debe resolver si corresponde aplicar la figura de femicidio al caso y, en consecuencia, confirmar la pena de prisión perpetua para el imputado Andrés Di Césare.
La convocatoria a estos conjueces se produjo ante la previsión de una votación dividida entre los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Al ser solo tres miembros, y en caso de no alcanzar una decisión unánime, se requiere la incorporación de magistrados adicionales para completar los votos necesarios. Alcalá, jueza federal de Resistencia, y Castiñeira, juez federal de Mendoza, ya fueron notificados y tendrán la responsabilidad de desempatar si persiste la división interna.
El caso llegó al máximo tribunal tras una serie de apelaciones. Di Césare había sido condenado inicialmente a 18 años por homicidio simple, pero en 2021 la Sala Segunda de la Corte de Mendoza recalificó el hecho como femicidio y elevó la pena a prisión perpetua. La reconstrucción judicial determinó que González, de 21 años, desapareció el 21 de septiembre de 2016 y fue hallada seis días después en una zona montañosa, con claras señales de violencia y pruebas que vinculaban al acusado.
Durante el juicio original, el tribunal penal mendocino había descartado el agravante de femicidio al no acreditar una relación de pareja formal ni elementos suficientes sobre violencia de género. Sin embargo, la revisión posterior consideró la asimetría de poder y las circunstancias del hallazgo de la víctima. Con la llegada del caso a la Corte Suprema, la definición final dependerá de la votación que ahora podrá incluir a los conjueces Alcalá y Castiñeira si los ministros no alcanzan un acuerdo.
